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Cortes de inmigración tardan hasta 1,100 días en resolver casos PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Martes, 26 de Abril de 2016 22:24

Al 30 de marzo las cortes de inmigración acumulaban 486,206 expedientes, muchos de ellos de inmigrantes que llevan tiempo en Estados Unidos y fueron desplazados por los niños de la frontera

Las cortes de inmigración alcanzaron a finales de marzo dos nuevos récords, uno de casos acumulados y otro de tiempos de espera.

Un informe del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por su sigla en inglés) de la Universidad Siracusa de Nueva York reveló que al 30 de marzo había 486,206 casos pendientes. A finales de enero la cifra era de 474,025, la más alta en los últimos 16 años.

La acumulación de casos no resueltos trajo consigo un segundo problema, advierte el TRAC: las largas esperas que deben enfrentar miles de inmigrantes, algunos de ellos privados de libertad más de tres años para presentarse ante un juez.

“En lo que va del año fiscal 2016 el promedio de espera fue de más de 1,000 días en seis estados: Nueva York, Arizona, Illinois, Nevada, California y Ohio”, precisa el informe.

Sin embargo, en los estados de Texas y Hawai, y Puerto Rico, el tiempo promedio para la adjudicación de un beneficio migratorio fue menos de la mitad de ese tiempo.

Pero a partir de finales de marzo las demoras se dispararon. Las cortes de los estados de Nueva York y Arizona tuvieron en promedio 1,123 y 1,122 días de espera respectivamente.

Puerto Rico, en cambio, fue la corte más rápida con un promedio de 378 días, seguido por Texas con 384.

El reporte señala que a pesar de la reciente designación de nuevos jueces, “la cartera de la corte sigue aumentando cada mes”. Y precisa que esta situación pone de relieve la existencia de un sistema sobrecargado, principalmente para personas que piden asilo u otras formas de alivio.

Temen que empeore

El panorama en las cortes no augura cambios favorables en corto o mediano plazo, advierte Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. “Tenemos un problema desde hace algunos años y la situación se agravó con la oleada migratoria de centroamericanos en el 2014”.

Velásquez dijo que los atrasos son “severos” y que “no solo afectan a los solicitantes de asilo, sino que repercute en todos los demás casos que manejan las cortes”.

Agregó que “a causa de las demoras están siendo distendidos muchos juicios no unas semanas, sino meses y en algunos casos años” afectando seriamente a personas “que ansían” una respuesta en un tiempo prudente.

“La razón por las acumulaciones y las demoras está en la avalancha de casos de centroamericanos detenidos en la frontera”, indicó Velásquez. “Están llegando a Estados Unidos en busca de asilo y el gobierno ordenó acelerar sus procesos, decisión que alargó la cola que estaban haciendo miles de inmigrantes, algunos de los cuales llevan tiempo en el país”.

En lo que va del año fiscal 2016 (1 de octubre de 2015 al 30 de marzo de 2016), el número de detenciones de niños migrantes en la frontera con México se elevó a 27,754 frente a los 15,616 ejecutados el año masado en el mismo período (un incremento del 56.2%).

Durante el primer semestre de 2014, cuando estalló la crisis, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por su sigla en inglés) detuvo a 28,579, un 2.9% más que en el 2016. En total ese año fueron arrestados 68,541 y en más del 73% de los casos las cortes de inmigración decidirán sus permanencias en el país.

Futuro incierto

Los favorecidos con las demoras “son los casos malos”, dijo Velásquez, aquellos que llevan las de perder y podrían incluso enfrentar una deportación. “Ellos son los únicos felices porque mientras más se retrasan sus casos más tiempo se quedan en Estados Unidos”.

“Con las acumulaciones y las demoras pagan justos por pecadores”, dijo Velásquez. “Estamos a merced de lo que digan las cortes. Y casos que llevan mucho tiempo esperando por un beneficio los tribunales están posponiendo las audiencias y retasando resoluciones”.

“Estimo que con este panorama, y con los datos de los arrestos en la frontera durante el primer semestre de 2016, vamos a ir de mal en peor”, dijo la abogada. “Y también debemos tener en cuenta que la carga de trabajo que tienen ahora los jueces afecta su estado emocional porque se sienten presionados cuando escuchan a estas personas (los migrantes) a través de interpretes. Y a su vez se ven afectadas las personas que tienen casos suspendidos y quienes están solicitando asilo”.

Velásquez señaló que un alto número de casos los están cerrando administrativamente a causa de la congestión en las cortes, “y nadie puede presagiar qué sucederá en el futuro cuando decidan abrirlos. A mi me alarma esa posibilidad y que las evidencias se desvanezcan. Es un gran problema”.

 
Familias en Chicago siguen a la espera del fallo sobre los alivios migratorios PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Domingo, 24 de Abril de 2016 21:22

Mientras no se defina el destino de los programas DACA y DAPA en la Corte Suprema, organizadores pro inmigrantes aseveran que seguirán luchando contra las redadas y deportaciones

Se refugia en un santuario

 La pobreza y la falta de oportunidades fue lo que impulsó a Cresencia Villegas a dejar México e inmigrar a los Estados Unidos.

Villegas tiene 10 hermanos, cinco de ellos eran menores de edad cuando ella decidió cruzar la frontera para luchar por un mejor porvenir para ella y su familia. “Soy indocumentada, en 1995 y con 22 años, crucé la frontera hacia Estados Unidos para ayudar a mis padres a criar a mis hermanos más pequeños porque en Ciudad Hidalgo, Michoacán, nosotros a veces no teníamos ni qué comer, éramos pobres y yo quería que en mi casa hubiera un plato de comida digno para compartir con mis padres y hermanos”, dijo.

Han pasado 21 años de esa travesía. Villegas se casó y tiene dos hijos estadounidenses de 11 y 15 años que asisten a la escuela Volta Elementary en Chicago, donde ella es una voluntaria que ayuda a las maestras desde kínder hasta el segundo grado desde hace cinco años, de lunes a viernes.

La historia de Villegas puede parecerse a la de millones de indocumentados que emigran para brindarle un futuro mejor a los suyos. Pero viven en las sombras y con el temor de ser separados de sus familias. Sus pedidos no cesan: quieren un freno a las redadas y deportaciones y esperan que de una vez por todas se apruebe una reforma justa para dar un alivio a millones de indocumentados.

La implementación de los alivios migratorios de la Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) y la expansión de la Acción Diferida para Padres (DAPA) siguen en el congelador a raíz de una demanda de Texas y otros 25 estados bajo control republicano. Se prevé que la Corte Suprema tome una decisión éste verano.

De desbloquearse los alivios migratorios, Villegas sería una de las potenciales beneficiarias del programa DAPA. “Con papeles podría mi esposo tener un mejor trabajo ganar más dinero, ahora con lo que recibe de sueldo es poco, vivimos con otras personas para compartir los gastos porque batallamos para pagar la renta, el gas y la luz, es difícil”, declaró. “Se acabaría la ansiedad y el miedo de no regresar a casa a ver a mis hijos porque nos deportaron”.

“Basta ya de separar familias”

Al igual que Villegas, Mayra Sarabia también es una potencial beneficiaria de DAPA. Sarabia, quien es madre de tres hijos estadounidenses, alzó su voz junto con otros miembros de organizaciones pro inmigrantes afuera de las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado lunes 18 de abril, fecha en que se realizó la audiencia en la Corte Suprema.

“Basta ya de separar familias”, dijo Sarabia, quien también es voluntaria de la organización Proyecto Organizador del Suroeste (SWOP). “Este programa sería sólo el primer paso, lo que necesitamos es una solución permanente… Si queremos una reforma migratoria tenemos que asegurarnos que nuestras comunidades salgan a votar en noviembre”.

Asimismo, la abogada de inmigración Mony Ruiz-Velasco dijo que se espera que la decisión de la Suprema Corte se conozca en junio. “Ahora no hay nada que se pueda solicitar bajo estas acciones ejecutivas… Es muy importante que la comunidad se mantenga informada para que no sea víctima de fraude”.

Mientras en la Corte Suprema están deliberando el fallo, “nosotros estamos aquí para dejar bien claro que vamos estar organizando y seguiremos defendiendo a nuestras comunidades”, expresó Irene Romulo, organizadora de Comunidades Organizadas contra las Deportaciones (OCAD).

Se refugia en un santuario

A José Juan Moreno, padre de cinco hijos estadounidenses, le han brindado santuario en una iglesia evangélica al sur de Chicago.

Moreno tenía una cita en las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chicago para autodeportarse el pasado 15 de abril, pero él no se presentó. El hispano asumió el riesgo de refugiarse en santuario de una iglesia local para librar la deportación y no ser separado de su familia.

Gail Montenegro, portavoz de ICE en Chicago indicó en una declaración que Moreno fue convicto de DUI agravado en 2009 y recibió orden de deportación en 2012. Su apelación fue rechazada y una orden final de deportación fue hecha para el 30 de enero de 2014, la cual Moreno no cumplió. Montenegro también señaló que tales hechos colocaron a Moreno en la lista de prioridad conforme a reglas impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional.

Su esposa Berenice Alonzo, quien sería potencial beneficiaría de DAPA, explicó que Moreno fue colocado en proceso de deportación en 2009 tras una condena por conducir bajo la influencia del alcohol (DUI) y manejar sin licencia.

Alonzo, dijo que Moreno ha aprendido de su error y que cumplió con la ley. “José ha pagado todas las multas también asistió a clases de rehabilitación y de conducción, él cumplió con todo lo que le dictó la ley”, dijo. “Le pedimos a autoridades de ICE que le den una segunda oportunidad a mi esposo y que le otorgue la discreción procesal, él no es una persona violenta, él no es una amenaza para el país, lo único que estamos pidiendo es seguir en Estados Unidos como una familia unida”.

Así lo dijo

En tanto, Ruiz-Velasco, directora ejecutiva de Proyecto de Acción de los Suburbios del Oeste (PASO) destacó que el fin de que Moreno permanezca en santuario es tratar que inmigración pare la deportación de Moreno usando su discreción procesal.

 
¿Cómo interpretar los comentarios de los jueces durante la audiencia de hoy sobre DAPA y DACA plus? PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Martes, 19 de Abril de 2016 17:17

Muchos creen que pueden predecir qué van a decidir los juristas observando sus comentarios y preguntas a los abogados.

Todas la audiencia ante la Corte Suprema realizada este lunes por la mañana, que decidirá el destino de los programas DAPA y DACA pluscomenzó la especulación sobre qué posible decisión podrían tomar los jueces de acuerdo a los comentarios o las preguntas que hicieron hoy a los abogados.

Muchos observadores –y medios de comunicación– normalmente buscan “leer” la tendencia de cada juez en base a sus preguntas o comentarios durante las audiencias, pero los expertos indicaron que esa no es precisamente la mejor manera de predecir un resultado.

El profesor Kevin Johnson, decano de leyes de la Universidad de California en Davis y experto en ley migratoria, dijo este lunes tras los argumentos que es más fácil predecir en base al historial de cada juez, que a lo que dicen en la corte.

“Hacer una predicción en base al argumento oral es muy difícil”, dijo Johnson. “Pero, conociendo la trayectoria de los jueces, uno puede predecir, por ejemplo, que el juez Samuel Alito no va a tener mucha simpatía por el argumento del gobierno en defensa de los programas”.

El juez Alito vota regularmente con el lado conservador de la corte en diversos temas, pero otros jueces considerados conservadores, no siempre lo hacen así.

Ojos sobre dos jueces conservadores

Durante la discusión del lunes por la mañana en la sala de audiencias de la Corte Suprema, muchos observadores seguían especialmente los comentarios y preguntas de dos jueces: el juez Anthony Kennedy, nombrado al tribunal en 1988 por el presidente Ronald Reagan y el presidente de la corte, el juez John Roberts, otro nominado republicano (de George W. Bush en 2005), porque ambos, aunque nombrados por republicanos, tienen un historial legal que en otras ocasiones ha apoyado argumentos como los que está haciendo el gobierno a favor de la autoridad ejecutiva del presidente.

Se cree entonces que Kennedy y Roberts podrían votar a favor del Presidente Obama y de la implementación de los programas, si consideran que la demanda legal no procede por alguna razón.

“Tanto Kennedy como Roberts han hecho decisiones legales en el pasado que indican su forma de pensar sobre ciertas doctrinas legales, particularmente la autoridad ejecutiva del presidente”, dijo Johnson. “Eso podría ayudar al gobierno de Obama y sus programas”.

Pero ambos jueces hicieron fuertes preguntas al abogado del gobierno Donald B. Verrilli, que estaba en la corte defendiendo la autoridad del presidente y los programas DAPA y  DACA plus. Eso fue interpretado por algunos como un “problema” para el caso del gobierno.

Por ejemplo, comentó que parecía problemático argumentar que Texas no tenía derecho a hacer la demanda y que en vez de ello podría negarse a emitir licencias de conducir para los indocumentados que reciban estatus temporal.

“Estarían entre la espada y la pared, porque el gobierno podría demandar al estado”, dijo Roberts.

Algunos interpretaron eso como la posibilidad de que Roberts falle a favor de Texas y su derecho a demandar. Pero Johnson indicó que en muchas ocasiones los jueces buscan “los errores o huecos en los argumentos, para asegurarse que estos son sólidos y eso no predice su decisión final”

“Yo no sacaría ninguna conclusión hasta el día que veamos su dictamen”, dijo el decano.

“Los jueces entienden la seriedad del caso”

Durante la discusión del lunes por la mañana en la sala de audiencias de la Corte Suprema, muchos observadores seguían especialmente los comentarios y preguntas de dos jueces: el juez Anthony Kennedy, nombrado al tribunal en 1988 por el presidente Ronald Reagan y el presidente de la corte, el juez John Roberts, otro nominado republicano (de George W. Bush en 2005), porque ambos, aunque nombrados por republicanos, tienen un historial legal que en otras ocasiones ha apoyado argumentos como los que está haciendo el gobierno a favor de la autoridad ejecutiva del presidente.

Se cree entonces que Kennedy y Roberts podrían votar a favor del Presidente Obama y de la implementación de los programas, si consideran que la demanda legal no procede por alguna razón.

“Tanto Kennedy como Roberts han hecho decisiones legales en el pasado que indican su forma de pensar sobre ciertas doctrinas legales, particularmente la autoridad ejecutiva del presidente”, dijo Johnson. “Eso podría ayudar al gobierno de Obama y sus programas”.




Ojos sobre dos jueces conservadores

Pero ambos jueces hicieron fuertes preguntas al abogado del gobierno Donald B. Verrilli, que estaba en la corte defendiendo la autoridad del presidente y los programas DAPA y  DACA plus. Eso fue interpretado por algunos como un “problema” para el caso del gobierno.

Por ejemplo, comentó que parecía problemático argumentar que Texas no tenía derecho a hacer la demanda y que en vez de ello podría negarse a emitir licencias de conducir para los indocumentados que reciban estatus temporal.

“Estarían entre la espada y la pared, porque el gobierno podría demandar al estado”, dijo Roberts.

Algunos interpretaron eso como la posibilidad de que Roberts falle a favor de Texas y su derecho a demandar. Pero Johnson indicó que en muchas ocasiones los jueces buscan “los errores o huecos en los argumentos, para asegurarse que estos son sólidos y eso no predice su decisión final”

“Yo no sacaría ninguna conclusión hasta el día que veamos su dictamen”, dijo el decano.ero AnnaLuisa Padilla, vice presidenta de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (AILA), organización que apoya la postura del gobierno en este caso, salió optimista de la audiencia.

“Yo creo que fue claro que pasaron la mayor parte del tiempo discutiendo si el estado de Texas tenía o no el derecho de estar demandando al gobierno para impedir estos programas”, dijo Padilla. “El caso entero podría depender de ese punto de vista y si los jueces no creen que Texas tiene ese derecho entonces ellos perderían la demanda”.

Padilla, quien toma la presidencia de AILA este verano, dijo que “el nivel de energía en la sala de la Corte Suprema era impresionante”.

“Estaba claro que cada juez tenía conciencia absoluta de la importancia de este caso, sobre todo desde el punto de vista legal y de si el gobierno tiene o no la autoridad de hacer esto y si los estados pueden demandar cuando no está de acuerdo con lo que hace el gobierno federal”, dijo Padilla.

La abogada indicó que “eso me hace pensar que pueden decidir este tema en forma amplia y que no van a permitir que se politice el asunto, esta demanda nunca debió de haberse presentado”.

La Corte Suprema primero recibe los documentos o argumentos del caso, luego celebran una audiencia para argumentos orales, como la llevada a cabo hoy, y luego comienzan deliberaciones, que podrían prolongarse hasta finales de Junio, cuando termina la sesión del tribunal máximo por este año fiscal.

 
La demanda contra DAPA y DACA: todo lo que necesitas saber PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Martes, 19 de Abril de 2016 17:05

 La lucha legal que ha impedido que sigan adelante los programas de acción diferida para millones de indocumentados ha llegado a la Corte Suprema. Esto es lo que puede pasar

De lo que decida la Corte Suprema en los próximos meses dependerá si casi 4 millones de indocumentados podrán solicitar una suspensión de deportación y un permiso de trabajo. Aquí le explicamos de qué se trata la demanda y los posibles escenarios de las decisiones que pueden tomar los jueces del máximo tribunal.

¿Qué es lo que pasará el lunes ante la Corte Suprema?

Este lunes 18 de abril, las partes querellantes se presentan ante los jueces de la Corte Suprema de Justicia, harán argumentos legales y responderán a las posibles preguntas de los jueces.

Las audiencias de la Corte Suprema se realizan en Washington D.C. y no se transmiten por video, pero se hace una grabación del audio y se coloca en la página web de la Corte Suprema el viernes después de la audiencia.

¿Quiénes demandaron y por qué?

El estado de Texas y otros 25 estados hicieron la demanda original contra el gobierno de Estados Unidos y el presidente Obama. Ellos argumentan que los programas DAPA y DACA plus van contra la ley y la constitución porque:

  • Significarían que el presidente está violando la cláusula que lo obliga a hacer cumplir la Constitución y las leyes (Take care clause). Según los demandantes, DACA plus y DAPA “legaliza” la una actividad “ilegal” (la presencia sin papeles).
  • Los programas DACA plus y DAPA violan la Ley de Procedimientos Administrativos (APA) y son arbitrarios y contra las leyes migratorias.
  • La orden de implementar no siguió procedimientos administrativos requeridos por APA que obliga a publicar y solicitar comentarios sobre las iniciativas.

¿Qué otros grupos están apoyando a Texas?

Grupos conservadores, estados con gobernadores y gobiernos republicanos y funcionarios como el sheriff Joe Arpaio, de Arizona, que presentó su propio argumento legal ante la corte como “amigo de la corte”. La Cámara de Representantes del país se convirtió en parte aliada a Texas debido al voto de la mayoría republicana.

¿Quiénes defienden a DAPA y DACA?

El gobierno de Estados Unidos por medio de su Solicitor General (abogado principal) es el defensor de los programas. El Fondo México Americano para la Defensa Legal (MALDEF) intervino en nombre de tres madres indocumentadas representativas de millones que esperan el alivio. Asociaciones de ciudades y condado de Estados Unidos se unieron a la defensa, así como ex comisionados de inmigración de los gobiernos de George W. Bush y Bill Clinton.

¿Cuándo dará su decisión la Corte Suprema?

En cualquier momento entre el argumento de este lunes y el fin de la sesión de la corte a finales de junio.

¿Qué posibles decisiones puede tomar el alto Tribunal?

El tribunal cuenta ahora con ocho jueces, y no los usuales nueve, después de la muerte de uno de ellos, Antonin Scalia. Si hay un empate 4-4 en la decisión sobre el caso, los temas legales no se resuelven y se mantiene la no implementación de los programas. El caso regresaría entonces a las cortes inferiores para un juicio de todos los argumentos legales.

Si la mayoría 5-4 o cualquier otra mayoría (6-3, por ejemplo, lo que no se descarta), decide que el estado de Texas no tiene “standing” o derecho a realizar la demanda, o si fallan en contra de los argumentos de Texas sobre la autoridad del presidente, esto daría fin a la demanda y permitiría que el gobierno federal siga adelante con los programas.

¿Qué pasará con los 4 millones de posibles beneficiarios si la Corte falla a favor del gobierno de Estados Unidos?

Se espera que el gobierno federal comience lo antes posible a implementar los programas DAPA y DACA plus y las personas elegibles tendrán la oportunidad de llenar sus solicitudes.

¿Qué pasará con ellos si la corte falla a favor de Texas?

Técnicamente, nada diferente a lo que está ocurriendo ahora. No habrá protección especial para ellos ni permiso de trabajo, pero las prioridades de deportación que el gobierno de Barack Obama ha aplicado hasta ahora seguirán intactas. Se supone que las personas que no son inmigrantes recientes, no tienen un delito en su record etc, no son prioridad de deportación.

¿Qué otras repercusiones podría tener un fallo?

Un fallo a favor de Texas podría abrir la puerta a que los estados cuestionen otras decisiones que el ejecutivo hace, incluyendo otras partes de la acción ejecutiva que anunció Obama en diciembre de 2014 o acciones en otros temas como medio ambiente, control de armas, economía, etc.

 
Redadas de La Migra afectan la salud de indocumentados, según encuesta PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Martes, 12 de Abril de 2016 14:25

Los afectados temen ser entregados a Inmigración si entran en contacto con alguna agencia de servicios sociales, de acuerdo con la investigación

Las redadas de Inmigración afectan la salud de los indocumentados y a la comunidad que los rodea, declaró hoy William López, integrante del equipo que realizó la encuesta “Buenos vecinos en Michigan”.

López, estudiante de doctorado de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan, pudo comprobar de primera mano los efectos de las redadas que empujan a las personas a “vivir más en las sombras”.

Según relató, con el estudio en marcha, el 7 de noviembre de 2013 ocurrió una redada en el condado de Washtenaw, al suroeste de Michigan, donde viven unos 12,000 indocumentados hispanos.

Agentes de la Oficina del Alguacil y de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) invadieron un taller mecánico de dos pisos y detuvieron a varias personas que luego fueron deportadas.

Tres días después, unos 40 miembros de la comunidad, incluyendo mujeres involucradas en la redada, fueron entrevistados por los encuestadores durante una reunión comunitaria realizada en una iglesia local.

López, y otros integrantes del equipo, escucharon relatos de cómo los agentes rompieron las puertas del local y apuntaron con sus armas a varias mujeres que vivían en el piso superior del taller con hijos pequeños.

Los investigadores recogieron fuertes evidencias de los “efectos negativos de la redada” en la salud de los inmigrantes encuestados, en su mayoría de origen mexicano y centroamericano, que declararon sentirse mal pero no estaban dispuestos a buscar atención.

Antes de la incursión, dijo López, el equipo había consultado a 476 personas en el condado y el 55 % calificó su salud como excelente o muy buena.

El estudio, difundido recientemente por la publicación académica “Journal of Immigrant and Minority Healh”, también comprobó que las personas eran menos propensas a buscar servicios gubernamentales y de participar activamente en su comunidad.

En sus respuestas, los encuestados declararon que su estatus legal limitaba los contactos con familiares y amigos, o que temían ser entregados a Inmigración si entraban en contacto con alguna agencia de servicios sociales.

“Puede ser que la gente no se dé cuenta, pero las redadas afectan a toda la comunidad, porque las personas tienen miedo de salir a la calle, dejan de ir a sus trabajos o inclusive a la escuela de sus hijos”, dijo López, oriundo de Texas e hijo de madre mexicana.

Los indocumentados, además de ser familiares o amigos, son también “las personas que preparan nuestros alimentos y cuidan a nuestros hijos”, agregó.

David Kruger, investigador principal del estudio, opinó que la comunidad necesita recibir seguridades en Michigan de que “no corren peligro si solicitan servicios” de salud.

“Las agencias y hospitales deberían decir explícitamente a las personas que el uso de sus servicios no las ponen en riesgo de deportación”, agregó.

 
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