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“Me quieren matar en Guatemala, por eso decidí escapar” PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Viernes, 24 de Junio de 2016 19:47

Movidos por la violencia, las extorsiones y la pobreza, los centroamericanos no paran de llegar a Tijuana en busca de que Estados Unidos les otorgue asilo

Cuando Francisco Pascual se encontró por debajo de la puerta de su vivienda en Guatemala, un papel que decía: “debe entregarnos 60,000 quetzales. Si no lo hace, vamos a secuestrarlo y matarlodonde se encuentre”, decidió dejarlo todo.

Me llene de miedo”, relata sentado en la cocina de la Casa del Migrante de Tijuana a donde hace un par de días llegó, junto a su hija de 12 años, en su trayecto hacia Estados Unidos.

Las familias de El Salvador, Honduras y Guatemala que escapan de la violencia y la miseria se han sumado a los cientos que a diario buscan a través de Tijuana obtener asilo político en la Unión Americana.

Pascual no escapó solo. Decidió traer con él a su hija Angelina de 12 años. “La traje porque la conocen Las Maras. La niña me ayudaba en el puesto de frutas en la calle que yo tenía para ganarme la vida”, dice Pascual.

Los miembros de las maras tenían meses que lo obligaban a entregarle 150 quetzales por semana.

“Llegó un momento que ya no me quedaba ganancia. El negocio se terminó con todas sus exigencias”, indica.

Pascual dejó a su esposa y a tres de sus hijos de 16, 3 y 1 año de edad en Guatemala.

“Me preocupa pero no tuve opción. La niña y y yo éramos los que corríamos más peligro. Cerré mi vivienda. Mi familia se fue a la casa de mi suegro”, cuenta.

En Centroamérica la violencia de pandillas ha obligado a miles de personas a salir de sus países ante la inseguridad que viven en sus barrios.

La violencia y el miedo ha llegado a niveles tan altos que muchos padres han recurrido a traerse a sus hijos incluso sin ser acompañados por un adulto, algo que se experimento recientemente conla ‘crisis humanitaria’ de niños inmigrantes en la frontera sur de este país.

La niña no habla español

Pascual y su hija salieron el 18 de abril de su pueblo en el municipio de San Mateo Ixtatán en Guatemala y llegaron a principios de junio a Tijuana. El viaje lo hicieron en autobús. “Para llegar hasta aquí hice varias paradas. Trabajé como albañil y ayudante de la construcción en Tuxtla Gutiérrez y en la ciudad de México. Iba juntado dinero para el viaje”, dice Pascual.

La Casa del Migrante de Tijuana que dirige el padre Patrick Murphy le dio un techo y alimentos para él y su hija. Angelina sonríe con timidez. Vive como en un mundo aparte. No habla español. Su dialecto es el kanjobal, uno de los idiomas mayas que habla la población del altiplano occidental de Guatemala. Nunca ha ido a la escuela, confía su padre.

“Me siento contento de llegar a Tijuana, pero queremos cruzar a Estados Unidos. En Salinas, California tengo un amigo que es como mi hermano, que me va a echar la mano”, dice.

De un momento a otro, Pascual pensaba ir a la garita estadounidense de San Ysidro para solicitar asilo.

“La verdad que tengo mucha confianza en que me acepten. Uno sale de su país por la pobreza y por miedo, uno no quiere la muerte. Muchos guatemaltecos ya han muerto. Yo quiero vivir”, admite.

La migración no se detiene

Giulia Menegatti es una estudiante italiana que desde hace meses se sumó a la Casa del Migrante de Tijuana como voluntaria antes de regresar a Europa para hacer una maestría en Relaciones Internacionales.

“Cada día mueren en el Mediterráneo, muchísima gente. Europa en estos momentos está cerrando las puertas pero la Migración no para. Lo que los inmigrantes hacen es cambiar las rutas migratorias. Estos meses viendo este flujo de inmigrantes de África, Haití, Centroamérica y México que llegan a Tijuana con la meta de ir a Estados Unidos, después de dejar todo y exponiendo su vida, me lo demuestra”, indica

Menegatti agrega que si hay algo que ha visto en los ojos de los inmigrantes todos estos meses ha sido la fe y la esperanza.

Me voy de aquí con una rabia contra las fronteras y muros y con la esperanza de que un día se pueda encontrar una solución al sufrimiento que tienen que pasar los migrantes para encontrar una mejor vida”, dice.

 
Un empate en el Supremo mantendrá bloqueada la reforma migratoria de Obama PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Jueves, 23 de Junio de 2016 22:00

El mandatario responde que la decisión “nos aleja aún más del país que aspiramos a ser”


Un empate entre los ocho jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos mantendrá congelada lareforma de inmigración del presidente Barack Obama, que dejará la Casa Blanca el próximo mes de enero sin haber aprobado una de las grandes iniciativas legislativas de su mandato, aprobada en 2014 y que buscaba dar un permiso temporal de residencia y trabajo a casi la mitad de los indocumentados que se estima residen ilegalmente en el país. La falta de una sentencia supone un duro golpe también para los casi cinco millones de indocumentados que hubieran quedado protegidos de la amenaza de la deportación.

En una comparecencia desde la Casa Blanca, Obama respondió que el resultado del Supremo “nos aleja aún más del país que aspiramos a ser” y que el dictamen es “desgarrador” para los millones de inmigrantes que han creado familias y construido sus vidas en Estados Unidos. El presidente reiteró que la acción de los jueces no tendrá impacto en las reformas anteriores y que “los padres de residentes legales seguirán siendo baja prioridad” de cara a las deportaciones.

“Debemos juzgar si queremos un sistema hipócrita en el que los trabajadores que cosechan nuestra fruta o hacen nuestras camas tienen los mismos derechos ante la ley o no”, dijo Obama, instando a los ciudadanos a que recuerden el impacto de esta sentencia, que afecta a casi cinco millones de personas y sus familias, cuando acudan a votar en noviembre. La reforma ya es uno de los asuntos centrales de esta campaña electoral gracias a las acusaciones xenófobas del republicano Donald Trump contra los inmigrantes.

La reforma ha pasado así de ser una de las grandes promesas electorales de Obama en 2008 a una de sus mayores frustraciones dentro de la Casa Blanca por el bloqueo republicano a sus iniciativas. Este jueves se ha convertido en uno de los agujeros que quedarán en su amplio legado. El presidente criticó duramente este jueves el rechazo de los republicanos tanto a la reforma como al reemplazo del juez Antonin Scalia, fallecido el pasado mes de febrero, y cuya ausencia ha propiciado el empate en este dictamen.

El Supremo no se ha pronunciado sobre la legalidad de la orden ejecutiva de Obama, por lo que no da la razón ni al presidente ni a los 26 Estados que le demandaron. El empate supone que debe prevalecer la sentencia pronunciada por la última corte federal que estudió el caso en la última instancia y que ya decidió bloquear la reforma. El presidente recordó desde la Casa Blanca que la única esperanza de los 11 millones de indocumentados es que el próximo Congreso apruebe una ley para crear un nuevo sistema migratorio.

Obama se ha quedado sin ver entrar en vigor su proyecto —uno de los más ambiciosos de su presidencia—, para que los indocumentados que son padres de niños estadounidenses, además de cumplir con otros requisitos, puedan permanecer y trabajar legalmente en EE UU. La normativa también ampliaba otro programa conocido como DACA y que desde un año antes concedía los mismos beneficios a los jóvenes indocumentados conocidos como dreamers y que entraron en el país antes de cumplir los 16 años. Obama reiteró este jueves que este programa original “ha cambiado más de 700.000 vidas” y seguirá en vigor.

La demanda original había sido planteada por 26 Estados gobernados por republicanos liderados por Texas y que alegaban ser perjudicados por la regulación de indocumentados. Los denunciantes consideraron asimismo que el presidente se había excedido en sus competencias y argumentaban que la autoridad para regular en materia de inmigración es exclusiva del Congreso.

“La decisión de hoy mantienen lo que hemos alegado desde el principio: que una sola persona, ni siquiera el presidente, puede cambiar unilateralmente la ley”, declaró en un comunicado el fiscal general de Texas, Ken Paxton. “Esta es una victoria para los que creemos en la separación de poderes”.

“Estoy profundamente decepcionado y sorprendido por una decisión que perjudica a las familias y que obliga a nuestras comunidades a permanecer en las sombras”, aseguró el senador demócrata Bob Menéndez, uno de los grandes defensores de la reforma. “Esta decisión pasará a la historia como uno de los peores momentos en nuestra lucha por un sistema justo de inmigración”.

El Supremo estudió esta primavera dos cuestiones centrales de la reforma migratoria. La primera es si el Estado de Texas, tiene legitimidad para declararse en perjuicio por la regulación de indocumentados. La segunda es si Obama se extralimitó en sus competencias al decidir que se cancelaran las deportaciones de un grupo específico de indocumentados.

La Casa Blanca argumentó que la normativa era necesaria porque, ante la falta de una reforma en el Congreso, deportar a más de 11 millones de ‘sin papeles’ es una tarea costosa y prácticamente imposible. Los Estados demandantes argumentaron que las leyes, como repitió este jueves el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, “es el Congreso quien redacta las leyes, no el presidente”. A pesar de que los republicanos celebraron la acción del Supremo como una victoria, la falta de una sentencia supone que la institución no les ha quitado ni les ha dado la razón.

 
Latinos tensos a puertas de la decisión del Supremo por alivios migratorios PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Lunes, 20 de Junio de 2016 21:53

El fallo puede darse mañana o en unos días; migrantes piden tener en cuenta la unidad familiar


Activistas y familias hispanas esperan con ansiedad el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la legalidad de los dos alivios migratorios del presidente Barack Obama, previsto para este lunes o el próximo e instan a los jueces a dar su voto por la unidad de las familias de los indocumentados.

Esta comunidad espera una decisión favorable al programa DAPA y a la ampliación del DACA, que beneficiarían a unos cinco millones de jóvenes que llegaron de niños junto a sus padres indocumentados y a los progenitores con hijos que son ciudadanos estadounidenses, señalaron hoy organizaciones a favor de los inmigrantes.

“Pedimos a Dios con alma y corazón que ilumine a los jueces para que sus corazones les dicten hacer lo correcto y que voten ‘sí’ por DACA y DAPA, que voten ‘sí’ por la felicidad y unidad de tantas familias”, manifestaron activistas de Florida.

Por lo menos, una docena de grupos del estado iniciaron desde el pasado 3 de junio una “vigilia de oración continua”, que finalizará el día en que la corte decida la suerte de ambas iniciativas, lo cual podría ser este lunes o el próximo.

Nora Sándigo, presidenta de la organización Fraternidad Americana, dijo hoy que hay mucha ansiedad entre las familias que ya tienen planes en caso de que el Supremo acepte las medidas y que han visto frustradas varias veces esas ilusiones.

“Están llenos de esperanzas de que va a haber un ‘sí’ y a la vez tienen nervios si es ‘no’, porque van a seguir en las sombras”, agregó Sándigo, quien es guardiana legal de unos 1,200 jóvenes inmigrantes.

Una angustia de 16 meses

Las medidas fueron decretadas de forma unilateral en noviembre de 2014 por Obama y permiten frenar las deportaciones de sus beneficiados y otorgarles permisos temporales de trabajo.

Sin embargo, ninguna de las medidas ha podido entrar en vigor debido a una demanda impulsada en febrero de 2015 por 26 gobernadores, en su mayoría republicanos y liderados por el de Texas, que las consideran inconstitucionales y lesivas para sus presupuestos.

La extensión de DACA, el primer alivio de Obama, decretado en 2012, y la Acción Diferida para los padres de ciudadanos estadounidenses, conocida como DAPA, esperan la decisión de los jueces del Supremo, que en este momento son ocho tras la muerte en febrero pasado del juez conservador Antonin Scalia.

Sándigo dijo que la comunidad inmigrante “tiene una gran ilusión” de un voto favorable del juez Anthony Kennedy, designado por el fallecido expresidente republicano Ronald Reagan (1981-1989), que pueda hacer la diferencia.

“Él ha votado en favor de temas que han sido más liberales a pesar de ser conservador”, expresó la activista.

Los ocho jueces decidirán si Obama se excedió o no en su poder al proclamar sus decretos sobre inmigración, que tienen carácter temporal y podrán ser derogados por el próximo presidente, que llegará al poder en enero de 2017 tras las elecciones de noviembre de este año.

Entre tanto, otras organizaciones como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) de Los Ángeles, prepara un mitin con aquellos que serán los más impactados con el fallo del Supremo, una vez esta corte federal lo anuncie.

Según una encuesta de abril pasado a cargo de America’s Voice y Latino Decisions, el 41% de los votantes latinos entrevistados considera que el tema migratorio es la prioridad para la comunidad latina, que “el Congreso y el Presidente deben asumir”.

 
Madres y niños migrantes en cuotas mínimas para llenar cárceles y centros de detención PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Viernes, 17 de Junio de 2016 14:31

Grupos pro-inmigrantes renuevan denuncia y exigencia de poner fin a lucrativo negocio de cárceles privadas

WASHINGTON.- Las madres y niños migrantes forman parte de la ecuación para llenar las llamadas “cuotas de cama” mínimas en cárceles locales y centros de detención, según denunció un informe divulgado este jueves que renovó su pedido a eliminar el lucrativo negocio de cárceles privadas para migrantes.

El problema de las “cuotas” mínimas para mantener llenas las cárceles locales es más extenso de lo que se pensaba, y abarca al menos 24 contratos con el gobierno federal, indicó el informe elaborado por “Detention Watch Network” (DWN) y el “Centro para los Derechos Constitucionales”.

El informe, que se apoya en datos federales obtenidos por ambos grupos, indicó que las cuotas mínimas “garantizadas” para cárceles locales cubren al menos 12,821 camas, o un 40% del total de 34,000 exigido y financiado por el Congreso.

El 93% de esas 12,821 camas va a parar a empresas privadas que administran las cárceles para inmigrantes, según el informe “Banking on Detention”.

Estas cuotas mínimas garantizadas están estipuladas en los contratos federales para gobiernos locales y estatales, y para las empresas privadas que operan las instalaciones de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Aún los centros de detención federales tienen esas cuotas obligatorias, y las empresas privadas se encargan de proveer seguridad, comida y otros servicios, según el análisis.

ICE evaluará informe

En declaraciones a este diario, una portavoz de ICE, Jennifer Elzea, dijo que la agencia revisará el informe de DWN “para determinar qué cambios, de ser necesario, se deben implementar en base a sus recomendaciones”.

Elzea explicó que ICE tiene la obligación de aplicar las leyes de Inmigración y que, para cumplir con la exigencia del Congreso sobre la cuota de 34,000 camas, la agencia ha realizado acuerdos con ciertas instalaciones para siempre tener disponible ese número de camas.

En ese sentido, añadió que las cuotas mínimas garantizadas son “comúnes” en las instalaciones de ICE y otros grandes centros de detención, y permmiten que el gobierno federal cuente con un determinado número de camas a tarifas reducidas. Asimismo, los contratistas también pueden planear sus recursos y personal médico y de seguridad si saben con precisión el número de detenidos que albergan.

¿Dónde están los contratos?

El documento da seguimiento a uno difundido en junio de 2015 y afirma que, desde entonces, el gobierno ha continuado dependiendo de “cuotas” en cárceles locales, aumentando el número de contratos a al menos 24 para los centros de detención.

En concreto, el informe reveló nueve contratos adicionales, incluyendo uno otorgado a una instalación en el Condado Essex, en Nueva Jersey, donde esta misma semana falleció Luis Alonso Fino Martínez bajo circunstancias aún no esclarecidas.

Las cuotas también existen en centros de detención para familias, y benefician tanto a empresas privadas como “The GEO Group” como a entidades públicas como el centro de detenciones en el Condado Berks, en Pensilvania.

Los contratos también han beneficiado a centros de detención para familias en Michigan, California, Texas, y Arizona, entre otros.

De los nueve contratos descubiertos, cinco tienen a su vez subcontratos con empresas privadas.

DWN Map

Costo moral y financiero

El informe buscó disipar dudas de que el encarcelamiento de madres y niños es parte de la ecuación de un lucrativo negocio que le cuesta a los contribuyentes más de $2,000 millones al año.

Según Silky Shah, co-directora de la “DWN”, las cuotas mínimas para llenar camas en las cárceles locales sirven de aliciente para continuar el encarcelamiento de inmigrantes y las prácticas “punitivas” de ICE.

“Los costos de la detención son doble: moral y financiero. Los contribuyentes estadounidenses está pagando más de $2,000 millones al año para separar a centenares de miles de familias en todo el país”, se quejó Shah.

¿Rinde cuentas ICE?

Asimismo, el informe vuelve a atacar la “falta de transparencia” de ICE que, según los activistas, se resiste a publicar información solicitada y omite datos que deberían estar a la vista del público mediante el recurso legal conocido como “Freedom of Information Act” (FOIA).

Debido a las trabas que pone ICE para dar información sobre las “cuotas de camas”, se desconoce cuán extenso y prejudicial es el problema, dijo el documento.

Como ICE tiene que pagar por las cuotas mínimas, estén o no llenas las camas, eso crea un “incentivo” para continuar albergando inmigrantes en cárceles privadas, dijo el informe.

Según los activistas, la escasa rendición de cuentas es problemática ante la continua privatización de los centros de detención, que conforman cerca del 62% de las camas disponibles para migrantes.

Cronograma de cuotas mínimas obligatorias

Hace 30 años no existían las cárceles privadas, pero ahora las empresas que las operan o mantienen son una pieza clave en el andamiaje de detención de migrantes. Estas instalaciones albergan a al menos dos terceras partes de los inmigrantes detenidos en EEUU.

Desde 2009, el Congreso ha aprobado leyes que estipulan que ICE mantenga las llamadas “cuotas de camas”, aunque ninguna otra agencia policial tiene esa exigencia.

En la actualidad, ICE detiene a un promedio de 34,000 inmigrantes indocumentados a diario, o cerca de medio millón al año, todos repartidos en una red de más de 250 cárceles de condado, cárceles privadas e instalaciones federales.

La Administración Obama solicitó en febrero pasado su presupuesto para el año fiscal 2017 para elDepartamento de Seguridad Nacional (DHS), que reduce la “cuota de camas” a 30,913, a un costo promedio que oscila entre $126 y $161 por día, dependiendo de las instalaciones.

Piden remedios

El informe instó al Congreso a que tome medidas para poner fin al “desastroso experimento” del encarcelamiento de inmigrantes, comenzando con la eliminación de la “cuota de camas” prevista en el prespuesto del DHS para 2017.

También recomendó que el Congreso apruebe una ley federal que elimine las cuotas mínimas en las cárceles locales y prohíba que ICE participe en acuerdos que establecen esas cuotas a nivel local.

Además, reiteró su pedido de que ICE cese de dar contratos a empresas privadas que buscan influir en la política migratoria para beneficiar sus bolsillos.

 
Reiteran críticas al trato que el gobierno de Obama da a refugiados centroamericanos PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Jueves, 16 de Junio de 2016 14:00

Las redadas de este año se han centrado en lugares como Texas, Georgia y Carolina del Norte, donde los jueces de inmigración tienen poca simpatía por los casos de asilo

Cuando la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) hace “redadas” o arrestos de madres o jóvenes centroamericanos que supuestamente ya no tienen esperanza legal de asilo,generalmente se concentran en unos pocos estados del país: Texas, Carolina del Norte, Georgia y Carolina del Sur.

Un nuevo reporte publicado hoy por la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración AILA da una clave del por qué las autoridades prefieren hacer sus “redadas” en ciertos estados.

“Estas son regiones que tienen un nivel muy bajo de otorgamiento de asilo. Las personas que terminan pasando su proceso de solicitud de asilo ante jueces en Texas, o Georgia, o Carolina del Norte, tienen muy bajas probabilidades de ser aprobados”, dijo Ben Johnson, director ejecutivo de AILA. “Los jueces, en estas jurisdicciones, son muy estrictos”.

Tan estrictos que mientras en todo el país los jueces de inmigración conceden el 43% de los casos de asilo, si una de estas personas tiene la mala suerte de caer en la corte de inmigración en Atlanta, Georgia, por ejemplo, sus posibilidades caen al 2%. En Dallas, Texas, el 9%, en Charlotte, Carolina del Norte, el 13%. (Datos del Anuario del Executive Office for Inmigration Review).

Además, datos obtenidos de la Junta de Apelaciones de Inmigración BIA revelan que mientras este cuerpo, que revisa las decisiones de jueces de inmigración, rechaza una cuarta parte de las decisiones hechas por estos, hay jueces en estos estados que tienen niveles de rechazo de 30% y hasta 45%.

Critican proceso a detenidos en recientes redadas

El Proyecto de Abogados de Detención Familiar (CARA), reportó además que el gobierno no ha otorgado el proceso debido ni un trato adecuado a 21 familias –con un total de 40 personas– arrestadas en mayo como parte de una segunda “ronda” de redadas.

Los abogados pudieron atender a estas familias a su llegada a los centros de detención después de sus arrestos y entrevistarlas extensamente para examinar sus casos. Supuestamente, los arrestados ya han pasado por el proceso legal y sus casos han sido negados, por lo que están listos para deportación.

Según CARA, sin embargo, “se les negó el proceso debido, muchos tienen casos meritorios de asilo que nunca fueron escuchados y ICE se comportó agresivamente hacia ellos durante las redadas”.

Durante una teleconferencia el miércoles, AILA denunció que la estrategia del gobierno del Presidente Obama sigue siendo la de usar la persecución agresiva de estas familias para, supuestamente, disuadir a otros refugiados a venir al país.

“Los tratan como inmigrantes que cruzan ilegalmente, cuando en realidad no lo son, son solicitantes de asilo que en su mayoría llegan a la frontera y se entregan a las autoridades para pedir protección”, dijo Johnson.

El congresista Luis Gutiérrez, de Chicago, dijo que era evidente que la estrategia del gobierno era dar a los potenciales refugiados las condiciones más difíciles para que la voz se corriera y llegara a sus países de origen.

“Ponerlos en cárceles, dificultar el acceso a abogados y a un buen proceso, perseguir a los que cumplen 18 años y ya no tienen protección de menores y luego que la televisión hispana lleve el mensaje hasta El Salvador u Honduras, esa parece ser la estrategia”, dijo Gutiérrez.

A pesar de tener duras palabras para el trato que estos refugiados reciben del gobierno de Obama, Gutiérrez, quien apoya la candidatura de Hillary Clinton, dijo que se sentía “confiado” en que de ganar la presidencia esta cumpliría las promesas hechas al respecto.

“La respuesta ha sido positiva, ella ha hablado de la necesidad de proporcionar abogados, y de parar las deportaciones mientras se decide la política más amplia a tomar, así como terminar con la detención familiar”, dijo el congresista, mencionando promesas que la ex secretaria de estado ha hecho durante la campaña.

“Yo seguiré hablando a su campaña de la necesidad de tomar una postura regional y pedir a otros países que pongan su grano de arena, porque este es un problema de refugiados, no de inmigrantes”, apuntó

Última actualización el Jueves, 16 de Junio de 2016 14:00
 
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