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Lo que Trump dijo y lo que ahora dice sobre inmigración PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Jueves, 25 de Agosto de 2016 22:51

El candidato republicano dice que podría “suavizar” su postura migratoria

Donald Trump afirmó esta semana en un programa de televisión que está dispuesto a “suavizar” su postura migratoria, sobre todo respecto a su promesa de deportar a millones de indocumentados si llega a la Casa Blanca. En un mitin en Texas unas horas más tarde, el candidato republicano subió al podio a madres que “perdieron a sus hijos a manos de inmigrantes ilegales” y volvió a repetir su mantra de que construirá un muro en la frontera que hará pagar a México. ¿Cuál es el verdadero programa de Trump?

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Lo que sí permanece, aseveró en declaraciones a una emisora, es el muro, que también está explicitado en el plan migratorio que publicó hace un año. El resto, estará por ver, previsiblemente en próximos discursos dedicados a este asunto que Trump asentó como uno de los pilares de su campaña. El que había anunciado para este jueves ha sido pospuesto sin nueva fecha, aunque se espera que lo pronuncie la semana próxima. Mientras tanto, esto es lo que ha dicho y lo que ahora dice Trump sobre inmigración.

El muro con México

En junio de 2015, Donald Trump lanzó su candidatura afirmando que México enviaba a través de su frontera “drogas” y “violadores” y anunció por primera vez que construirá un muro en la frontera y hará que “México lo pague”. Hasta ahora, es la única promesa de campaña que mantiene de forma consistente y reitera en casi cualquier comparecencia pública. “100%”, contestó Trump la noche del martes al moderador ultraconservador de la cadena Fox Sean Hannity cuando este le preguntó si seguía manteniendo su plan. Lo reiteró en la segunda parte del programa, emitida el miércoles.  “Nos están matando en la frontera, nos están matando con el comercio, tenemos un déficit comercial con México de casi 60.000 millones de dólares al año. Así que se puede construir un muro”, sostuvo. Un clásico de sus mítines es cuando Trump promete construir el muro y pregunta al público quién lo va a pagar y este exclama “¡México, México!”

¿Y qué pone en su plan?

La construcción del muro figura de manera destacada en el plan migratorio que Trump publicó hace un año en su web. Es el único programa específico hasta ahora en esta materia del candidato republicano. En el primer punto, bajo la premisa de que “una nación sin fronteras no es una nación”, afirma que “debe haber un muro en la frontera sur” y que “hay que hacer que México pague por el muro”. No dice en ningún momento que haya que hacer lo mismo con la frontera norte con Canadá.

La deportación de los 11 millones de indocumentados en EE UU

¿Cómo se deporta a 11 millones de personas? “Lo haces, lo haces” ¿Va a tener algún tipo de fuerza deportadora? “Vamos a tener una fuerza de deportación. Vamos a hacerlo de forma profesional”. Durante meses, sobre todo hasta el inicio de las primarias republicanas, Trump respondió una y otra vez sin dudar sobre la necesidad de expulsar a los 11 millones de indocumentados que viven en EE UU, incluidas aquellas familias que tienen hijos ciudadanos estadounidenses.“Se tienen que ir”, enfatizó ante las cámaras de forma insistente.


OTRAS PROPUESTAS MIGRATORIAS DE TRUMP

En su plan migratorio, Trump promete acabar con el derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento para los bebés de indocumentados, argumentando que “es el mayor imán para la inmigración ilegal”. También reclama que los inmigrantes irregulares que sean aprehendidos en la frontera permanezcan detenidos hasta su deportación —no especifica si esto afectaría también a las decenas de miles de menores centroamericanos y niños acompañados de sus madres que desde hace dos años llegan solos hasta EE UU— y el aumento de las penalizaciones por sobrepasar el tiempo permitido en el visado de entrada.


Su discurso comenzó a cambiar en junio, cuando en una entrevista dijo que “no llamaría deportación masiva” a sus planes y que sus políticas al respecto tendrán “corazón”. Ahora, ha admitido que está abierto a “suavizar” las leyes. “Ciertamente pueden suavizarse, porque no pretendemos hacer daño a nadie", respondió Trump el martes a la pregunta de si estaría dispuesto a modificar su postura ante inmigrantes que llevan años en el país y cumplen las leyes o a los que han educado a hijos estadounidenses. “Tenemos algunas personas estupendas en este país”, agregó el candidato que ha demonizado durante casi un año a los indocumentados. Según adelantó, tomará “muy pronto” una “decisión” definitiva sobre las deportaciones. El miércoles, Trump negó que lo que se está planteando ahora sea una “amnistía”, aunque es como lo calificó cuando sus rivales en las primarias proponían también una vía para las personas que “llevan 20 años en el país y pagan sus impuestos” y como ha llamado las políticas de los demócratas en el mismo sentido.

¿Qué dice de las deportaciones su plan?

En el plan migratorio publicado, Trump no hace referencia alguna a la deportación de todos los indocumentados. Solo reclama, como sigue argumentando ahora, que hay que echar “a los malos”. De hecho, en todo su programa solo aparece una vez la palabra “deportación”, cuando afirma que “todos los inmigrantes ilegales que pertenezcan a bandas (criminales) deberían ser detenidos y deportados”. También promete la devolución forzada a sus países de “todos los inmigrantes criminales”, es decir, que hayan sido condenados en EE UU por un delito grave, una política que ya implementa el Gobierno de Barack Obama.

En su plan, Trump también promete acabar con la financiación de las denominadas “ciudades santuario”, aquellas urbes que se niegan a dar información sobre inmigrantes irregulares si no tienen antecedentes criminales graves. En julio del año pasado, una mujer murió por un disparo fortuito cuando paseaba por San Francisco. Horas después fue detenido un mexicano sin papeles y que había sido deportado cinco veces como autor del fatal disparo. Trump utilizó este hecho para reiterar su política contra indocumentados y las ciudades santuario y, desde entonces, ha invitado reiteradas veces a sus discursos a familiares de otras personas fallecidas a manos de un inmigrante indocumentado, como volvió a hacer esta semana.

 


Última actualización el Jueves, 25 de Agosto de 2016 22:54
 
La frontera real desmiente a Trump PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Martes, 23 de Agosto de 2016 14:10

Pablo Ximénez de Sandoval
Corresponsal en California

Acompañamos a la policía fronteriza del punto más caliente de Estados Unidos, al sur de Texas. Solo las llegadas de menores suponen un problema y además, insisten, está controlado 

Francisca Guevara tiene seis meses de edad y lleva cinco viajando en brazos de su madre. Juntas salieron de Copán, Honduras, y caminaron hasta cruzar el Río Grande entre Tamaulipas y Texas el pasado miércoles por la tarde. La bebé tiene rozaduras rojas por el cuello y la espalda que según su madre, Lilia Guevara, son por el calor y la humedad. Coincidieron en el río con otras 22 personas, 10 de ellas niños. Cruzaron en una lancha y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos los detectó antes de que salieran de la orilla. Los agentes estaban aún tomándoles los datos cuando apareció otro grupo de más de 20 personas, la mitad niños. Una madre se desmayó delante de los agentes porque llevaba dos días sin comer. El día anterior, por el mismo sitio habían pasado 200 inmigrantes. Así es un día normal, todos los días, en el sur de Texas.

“A esto no le llamo aprehensiones, lo llamo rescates”. Manuel Padilla, jefe de la policía de fronteras del sector de Río Grande, se refiere así a estas personas. No como una amenaza para la seguridad del país, sino como una emergencia humanitaria que hay que atender. Ellos son el mayor desafío que enfrenta la frontera de Estados Unidos con México, según los encargados de vigilarla.

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, ha construido una campaña de la nada con el discurso de que la frontera sur está fuera de control y hace falta un muro para contener una avalancha de criminales ("traen drogas, traen crimen, son violadores" dijo en sus primeros 10 minutos de campaña). Va a construir un muro, asegura, que sellará la frontera con México. Mandos y agentes de la Patrulla Fronteriza tienen un cuidado exquisito de no hacer comentarios políticos. Pero muestran cómo en la frontera ya hay muros en las zonas urbanas por las que se podría pasar andando, tecnología militar de vigilancia en el resto y más de 17.000 agentes sobre el terreno. El mayor desafío al que se enfrentan es gestionar la llegada de estas familias desesperadas, y hasta eso, insisten, está bajo control.

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Inmigrantes sin papeles detenidos en la frontera de EE UU y México

En 2014 fueron detenidos 63.000 niños solos en la frontera, 46.000 de ellos en el sector de Río Grande. McAllen se convirtió en la zona cero de la inmigración irregular en Estados Unidos y en el foco de un fenómeno nuevo para el que no había protocolos ni infraestructura. El agente Isaac Villegas recuerda, por ejemplo, un día que estaba patrullando en el condado de Hidalgo, Texas, y de pronto empezaron a salir niños de los arbustos. Un grupo de 26. “Parecía una guardería. Iban apareciendo niños, se me agarraban a la pierna. Llevaban números de teléfono escritos en la piel, papeles con información metidos en los pañales”. Así fue todos los días durante un año en lo que se conoció como la crisis de los menores. El presupuesto para Aduanas y Fronteras es de 13.000 millones de dólares al año, pero nadie había previsto un sistema de atención humanitaria. Sórdidos centros de detención que deberían estar llenos de contrabandistas se llenaron de madres y niños. Al año siguiente, los “rescates” de menores bajaron a la mitad. Pero este año ha vuelto a subir. En lo que va de año, solo en Río Grande, ha habido 156.000 detenciones, el 44% familias o menores solos. Faltan dos meses para cerrar el año y el total de detenciones en toda la frontera sur es de 332.000 personas, más que todo el año pasado.

No es fácil para la policía de fronteras dar estas cifras y explicar a continuación que la situación está bajo control. Solo se entiende con perspectiva histórica. En el año 2000, la Border Patrol detuvo a 1,6 millones de personas en las fronteras de Estados Unidos. En San Diego, en 1992, detuvieron a 560.000 personas allí. La espiral xenófoba que provocó aquella crisis aún se nota hoy en la política de California. El despliegue de un muro, tecnología y agentes redujo la cifra hasta 68.000 en 2010. El grueso de la inmigración irregular se desplazó El Paso y después a Arizona, a medida que se iba sellando la frontera con muros, personal y tecnología. Hoy, la zona cero de la inmigración irregular es McAllen y el sector del Río Grande. Pero las cifras no tienen comparación, y los medios para vigilar la frontera tampoco.

Si se habla menos de ellos es porque ahora están preparados. En 2014 no había personal ni instalaciones para esta avalancha. "Las críticas de 2014 son válidas", concede el jefe Padilla. Ahora las familias son “procesadas” en centros tan asépticos como prácticos y en un par de días saben si pueden seguir viaje o no. Ya no hay sensación de caos en el sur de Texas a pesar de los cientos de detenciones diarias. "Hoy tenemos un centro para procesarlos que se construyó en 18 días y que nos da una capacidad para procesarlo y trasladarlos a otras agencias. Los acuerdos con tras agencias no existían entonces. Tenemos capacidad para procesar hasta 1.000 personas al día. Estamos mucho más preparados", responde Padilla.

Los expertos en la frontera afirman que los muros ya están construidos allí donde son útiles, en las zonas urbanas, y sirven para frenar a personas, pero nada más. Los narcotraficantes que preocupan a Donald Trump no se desaniman por un muro. En una frontera fortificada como la de California, la Border Patrol se incautó de 100 toneladas de drogas en 2015. "Lo que detiene las drogas no son los muros, sino la información y la colaboración transfronteriza", explica el jefe Padilla, que acaba de cumplir 30 años en la frontera. "No soy un proponente del muro en esta frontera. Lo que llamamos muro tiene su uso en diferentes partes de la frontera. La amenaza a la que te enfrentas y el terreno son lo que dicta qué equipo tienes que usar en las diferentes partes de la frontera. Lo que necesitamos aquí y estamos desplegando es tecnología para saber qué está pasando. Básicamente tecnología militar que nos permite ver desde arriba hacia abajo. Tenemos cámaras en postes que ven día y noche y nos dan una vigilancia constante".

En Río Grande, las imágenes de los inmigrantes cruzando por miles transmiten sensación de porosidad y descontrol. Pero al otro lado, además de la policía, hay un muro de nueve metros de alto. Cruzar el río en lancha es relativamente fácil y EL PAÍS fue testigo de ello. Lilia Guevara y su bebé Francisca son un buen ejemplo. Pero es perfectamente inútil. Toda la zona es una ratonera vigilada metro a metro. Las familias centroamericanas desesperadas que cruzan no tienen ninguna intención de escapar. Ellos mismos llaman a veces al 911 para que los vaya a buscar. Quieren entrar en el sistema y pelear por el estatuto de refugiado. “Pido a Dios que les toque su corazón para que nos ayuden”, decía Luis Portillo, hondureño de 23 años, abrazado a su hijo Jonathan Roberto, de 5, mientras esperaban a subir al coche policial el pasado miércoles.

El recelo con el que el resto del país mira a la frontera contrasta con la normalidad de McAllen, una ciudad que se volcó en ayudar durante la crisis de 2014, explica la hermana Norma Pimentel. “La mayoría de los que vivimos en la frontera entendemos la inmigración, porque somos inmigrantes también, somos de aquí, lo vivimos desde que nacimos”. En la Iglesia del Sagrado Corazón en el centro de la ciudad, montó un centro de ayuda de emergencia que hoy sigue atendiendo a unas cien personas diarias. Las familias y los menores a los que Inmigración permite seguir su camino porque no encuentra ninguna razón urgente para deportarlos o mantenerlos detenidos, acaban en la estación de autobuses de McAllen, de donde vienen aquí a descansar antes de seguir su viaje

Pimentel no ahorra críticas a los centros de detención y a la frialdad policial con la que son tratados los inmigrantes. Afirma sin embargo que “la frontera está controlada”. “Pintan una imagen desastrosa, fuera de control, y no es cierto. La patrulla fronteriza y todos los que se encargan de la vigilancia de la frontera, lo tienen bajo control. El candidato presidencial (se niega a pronunciar su nombre) lo utiliza como plataforma para promover su posición. Los profesionales saben distinguir a un criminal y al que está pasando drogas, están haciendo su trabajo. Que venga mucha gente pidiendo protección es distinto de que esté fuera de control”.

UN AÑO MORTÍFERO EN EL RÍO GRANDE

El año 2016 va camino de ser el segundo con más muertes registradas de inmigrantes que tratan de cruzar la frontera de Texas. Un total de 106 cuerpos habían sido encontrados hasta la semana pasada, a dos meses de cerrar las estadísticas. El año con más muertes fue 2013 con 156. Desde el año 1998 han sido encontrados más de 1.200 cadáveres en el sector de Río Grande. La parte más peligrosa del viaje no es cruzar el río, sino intentar llegar hasta Falfurrias, un poco más al norte de McAllen, evitando las zonas pobladas. Hay una correlación entre reforzar la frontera y que los inmigrantes busquen áreas cada vez más remotas, y por tanto peligrosas, para continuar su viaje.

Las dos partes más abiertas de la frontera de Estados Unidos con México, en Arizona y Texas, lo son también porque tienen muros naturales. En una, el desierto y en la otra un río con corrientes impredecibles y un bosque tupido. La temperatura en McAllen en esta época del año varía entre 25 y 32 grados y la humedad entre el 50% y el 90%. Los casos de deshidratación son constantes. Los cuerpos, según quienes los han visto, se hinchan con la humedad y se vuelven irreconocibles en apenas tres días.

Cuando se habla con cualquier implicado en la seguridad de la frontera, el primer mensaje es siempre ‘no lo hagan’. No arriesgar la vida para cruzar ilegalmente. “La gente que viene en unidades familiares y los niños no acompañados, en vez de cruzar el río en sitios que no son seguros, pueden entregarse en el puerto de entrada y entrar en el mismo proceso al entregarse. El proceso es el mismo que si cruzan el río. Ese es el mensaje, no se ponga en peligro de forma innecesaria, no ponga su vida en manos de los contrabandistas, es el mismo proceso”. Es decir, que si un inmigrante se presenta en la garita y dice ‘vengo a entregarme’, va al mismo sitio y tiene las mismas posibilidades de quedarse en EE UU que si se juega la vida.

 
El Gobierno estadounidense dejará de usar cárceles privadas PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Jueves, 18 de Agosto de 2016 21:36

La medida afecta a un tercio de los reos en instalaciones subcontratadas en el país con más presos

El Gobierno estadounidense anunció este jueves que dejará de utilizar cárceles privadas porque considera que son menos efectivas y seguras que las instalaciones públicas. La decisión se aplicará gradualmente y afectará solo a las cárceles subcontratadas por el Gobierno federal, que acogen un tercio de los reos que hay en prisiones privadas en Estados Unidos. La medida supone un golpe alsuculento negocio de la privatización carcelaria en el país con más reos del mundo, llega en un momento de creciente debate sobre la severidad del modelo penitenciario y puede alentar a que algunos Estados sigan el paso dado por la Administración de Barack Obama.

En un texto interno del Departamento de Justicia, la fiscal general adjunta, Sally Yates, insta a sus subordinados a que no renueven los contratos actuales cuando expiren o a reducir el alcance de los contratos antes de que expiren. El objetivo es “reducir y finalmente terminar con nuestro uso de prisiones operadas de forma privada”, señala.

La decisión llega tras las crecientes quejas de irregularidades en prisiones privadas y tras la publicación, la semana pasada, de una investigación del Departamento de Justicia que concluye que las cárceles privadas son peores que las públicas: se registran más peleas, robos y ataques. “Simplemente no proporcionan el mismo nivel de servicios, programas y recursos correccionales; no suponen un ahorro sustantivo en costes”, argumenta Yates.

El impacto de la medida es limitado. En 2014, un 8,4% de los presos en EE UU estaban en cárceles privadas (131.261 sobre un total de 1,5 millones). De estos 131.261, 40.017 estaban en cárceles subcontratadas por el Gobierno federal (suponiendo un 19% del total de reos federales) y los 91.244 restantes en estatales (un 6,8% del total de reos estatales).

Pero la prohibición impulsa el debate, alimentado por la izquierda y grupos sociales, sobre la privatización carcelaria en un momento de descenso del número de presos en EE UU por la aplicación de penas menos severas.

La privatización de las cárceles se inició en los años ochenta, pero su uso se disparó en la última década en paralelo al auge de la población penitenciaria. Entre 1999 y 2014, la población en cárceles privadas creció un 84% frente al 10% del conjunto de cárceles. En las prisiones privadas del Gobierno federal, el aumento fue astronómico: del 945%. En los Estados, fue mucho menor: del 35%.

En plena sobrepoblación de las instalaciones públicas, las prisiones privadas ofrecían a las autoridades federales y estatales el espacio y los funcionarios que les faltaban. Muchas de las empresas que operan las cárceles se garantizan unos ingresos mínimos (pactan con las autoridades algún tipo de garantía mínima de número de reclusos o compensación por camas vacías) y tratan de exprimir al máximo la reducción de costes. Según algunas organizaciones, el afán de ahorro ha propiciado incidentes en las cárceles por la falta de personal o de un mantenimiento adecuado.

 
El sucio negocio de las cárceles privadas en Estados Unidos PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Jueves, 18 de Agosto de 2016 21:31

Las prisiones exigen una cuota mínima de ocupación a los gobiernos, suba o baje el crimen. La búsqueda del máximo beneficio genera en EE UU casos de malos tratos y violencia

prisiones eeuu usa

La tasa de crímenes se ha reducido un tercio en Colorado en los últimos 10 años, lo que ha provocado que desde 2009 este estado de Estados Unidos haya cerrado cinco de sus cárceles; pero paradójicamente las prisiones privadas están cada vez más llenas. El motivo es que disponen de una cuota mínima de ocupación acordada con el Gobierno estatal, que, con tal de garantizarla, se vio obligado hace unos meses a trasladar a 3.330 reclusos de las instalaciones públicas, que tenían camas vacías, a las privadas. El de Colorado no es, sin embargo, un caso aislado. Se repite en otras zonas del país y revela los entresijos detrás del auge de la privatización carcelaria en EE UU, así como la perversa disputa entre el interés público de rehabilitar a los presos y reducir la población carcelaria, y el objetivo inherente a toda empresa de maximizar sus beneficios.

Según un informe de In the Public Interest (ITPI), una entidad civil con sede en Washington, de 62 contratos de prisiones privadas analizados a lo largo de EE UU, un 65% disponen de algún tipo de garantía mínima de número de reclusos o penalización por camas vacías. La lógica detrás de estas exigencias es que, como cobran por cada preso (entre 40 y 60 dólares al día), los operadores privados se puedan garantizar un determinado nivel estable de ingresos para gestionar la cárcel y recuperar el coste de su construcción. La base mínima más habitual es del 90%, aunque en algunos casos puede llegar al 100%. Por ejemplo, según el documento, tres instalaciones en Arizona disponen de esta salvaguarda, aunque desde el Departamento Penitenciario de Arizona (ADC, por sus siglas en inglés) lo niegan y aseguran que ronda el 90%.

Sea como sea, el estado se ve obligado a garantizar un número mínimo de prisioneros, suban o bajen los delitos, lo que la ADC considera un requerimiento empresarial comprensible y beneficioso. “Para el contribuyente, si no hubiese una cuota y la ocupación fluctuase de forma variable, el operador privado cobraría una tasa diaria mucho más elevada para asegurarse que recupera su inversión”, apunta el portavoz Doug Nick. “Este tipo de garantías mantienen el coste relativamente estable y predecible”, añade en conversación telefónica.

En Arizona hay prisiones privadas desde hace unos veinte años

¿Pero qué pasa si la tasa de crímenes se reduce, como en Colorado, y cada vez entran menos presos a las cárceles? “Nunca hemos tenido problemas para llenar las camas, ni hemos perdido población carcelaria. De hecho, lleva décadas creciendo”, replica con total seguridad de que la situación no variará. En Arizona hay prisiones privadas desde hace dos décadas. Actualmente, de las 14 instalaciones del estado, cuatro son de propiedad y gestión empresarial; y hay otras seis privadas que solo acogen presos de los estados colindantes. Según el convenio de concesión, las autoridades de Arizona pasarán a controlar las cuatro cárceles al cabo de 20 años de su apertura, lo que la ADC también ensalza como un beneficio para el contribuyente.

En el conjunto de EE UU, en 2010 un 8% de los presos estaban en cárceles privadas, según los últimos datos disponibles. Se trata de alrededor de 128.000 reclusos sobre una población total de 1,6 millones. Actualmente, según las estimaciones de Carl Takei, abogado de la American Civil Liberties Union (ACLU), la proporción podría rondar el 12% en las instalaciones federales y un poco menos en las estatales. Además, en el caso de los centros de detención de inmigrantes, podría suponer hasta el 50%.

La privatización de las cárceles no ha cesado de crecer desde los años 80, cuando nació el primer operador, pero ha sido en la última década cuando se ha disparado con vigor. Entre 1999 y 2010, el número de reclusos en prisiones privadas aumentó un 80%, muy por encima del 18% que registró el conjunto de la población carcelaria, de acuerdo con las estadísticas oficiales. Takei tiene muy claras las causas de este fenómeno: “EE UU vive una epidemia de encarcelación masiva. Entre 1970 y 2010, la cifra de presos creció un 700% y eso ha impulsado a las compañías privadas”, esgrime. Así, no sorprenderá que, mientras desde los 90 cada vez han habido más reclusos, en paralelo se hayan extendido las prisiones privadas. Además, en los últimos años las compañías se han beneficiado del efecto de la crisis económica al ofrecer costes supuestamente más bajos que los del sector público a unos gobiernos cada vez con más necesidad de ahorrar

Sin embargo, el documento del ITPI considera “ilusorio” pensar que las cuotas mínimas de ocupación de las cárceles acaben beneficiando a los contribuyentes. La entidad asegura que, por ejemplo, en Arizona las prisiones privadas han acabado costando 33 céntimos más al día por recluso que las públicas, mientras que en Colorado el traslado de los 3.330 presos para cumplir la base mínima ha acarreado una factura de dos millones de dólares.

Un extremo que niegan desde la principal empresa del sector, Corrections Corporation of America (CCA). “Proveemos ahorro a los contribuyentes, instalaciones seguras, reducción de la reincidencia y una importante flexibilidad en los contratos con los gobiernos”, afirma un portavoz en una respuesta por correo electrónico. Subraya, además, que solo la mitad de sus contratos tienen cuotas mínimas de ocupación, que éstas no son rígidas y que se establecen para garantizar los “costes fijos” de la construcción y gestión de las cárceles.

Como es previsible el auge privatizador ha engrosado las cuentas de resultados de CCA y del otro gigante del sector, Geo Group. Por ejemplo, en el tercer trimestre de 2013 CCA registró un beneficio neto de 51,8 millones de dólares en comparación con los 42,3 millones del mismo periodo del año anterior. Ambos grupos cotizan en bolsa y su elevada rentabilidad ha atraído a grandes entidades financieras y bancos a invertir en ellas, según explica el activista Takei. En sus informes públicos, las compañías admiten que el aumento de la población carcelaria repercute positivamente en sus resultados, y que, en cambio, pueden suponer riesgos para sus negocios que se relajen los procedimientos de detención de inmigrantes y las leyes que rigen la duración de las penas.

En este sentido, según el informe de In the Public Interest, tanto CCA como Geo Group hacen intensamente lobby para tratar de que endurezcan las leyes con el objetivo último de aumentar —o como mínimo mantener— la población carcelaria. La primera destinó 17,4 millones de dólares en influenciar a políticos entre 2002 y 2012, mientras que la segunda gastó bastante menos (2,5 millones) entre 2004 y 2012, según datos del Center for Responsive Politics, una entidad civil. En paralelo, también hicieron generosas donaciones a las campañas de líderes políticos clave: entre 2003 y 2012, CCA destinó 1,9 millones, mientras que Geo Group 2,9 millones.

“Mantienen relaciones muy desarrolladas con las autoridades políticas para tratar de obtener más contratos”, apunta, por su parte, Shar Habibi, directora del departamento de investigación de ITPI. Y, en paralelo, en busca del mayor beneficio empresarial, ambas compañías intentan reducir al máximo los “costes operativos” de sus prisiones para convertir en ganancia las aportaciones que reciben de los gobiernos. Esto se traduce, critica, en tener el personal estrictamente necesario o ahorrar en mantenimiento de las instalaciones, seguridad y sueldos, lo que suele derivar en contratar a trabajadores sin la cualificación necesaria. Y todo ello puede generar un cóctel explosivo que, en algunos casos, ha desencadenado en malos tratos a los presos, un aumento de la conflictividad o incluso en fugas de reclusos.

Habibi asegura que, en general, los estados mantienen una severa supervisión de las condiciones de las prisiones privadas, pero que, cuando ésta se relaja o deja de ser regular, los operadores privados tienden a tratar de gestionar las cárceles “por debajo de los estándares” con tal de rebajar aún más sus costes. Y en algunos casos la situación se les acaba yendo de las manos, como acaba de pasar en una prisión de CCA en el estado de Idaho. A principios de enero, las autoridades anunciaron que iban a retirarle la concesión después de múltiples denuncias de violencia y negligencias de los trabajadores. CCA reconoció el año pasado que falsificó los informes que proporcionó al Gobierno sobre la jornada laboral de sus empleados al notificar que estaban trabajando en momentos en que en realidad sus puestos estaban completamente vacantes. No se trata de un episodio aislado, pues el informe del ITPI incluye ejemplos muy parecidos en otras cárceles del país. Y en casos como el de Idaho el rescate público acaba disparando el presupuesto de gestión de la prisión y son los contribuyentes los que pagan los platos rotos. Es el lado oscuro del auge de la privatización carcelaria en EE UU.

 
México cerró el paso de migrantes hacia EEUU antes que el muro de Trump PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Viernes, 05 de Agosto de 2016 20:20

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El balance de política migratoria del gobierno de México confirma que el país se convirtió en un tapón contra la migración hacia EEUU, antes que el muro que amenaza construir Dondald Trump, dijo este jueves a Sputnik Nóvsoti el experto Oscar Castro Soto.

El comisionado federal del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas, presentó un informe al Congreso el cual afirma que debido a la violencia, la pobreza y la sequía ha recrudecido el flujo migratorio de centroamericanos hacia EEUU.

De 2013 a 2015 se incrementó en más de 150 por ciento la migración de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses y cada vez llegan más africanos, haitianos, asiáticos y cubanos, informó a los legisladores.

​Con la combinación de esos factores "se corre el riesgo incluso de que los migrantes busquen quedarse en México durante un tiempo hasta lograr realizar su sueño americano, creando una nueva crisis de este lado", advierte Castro Soto.

Lo que sí es un hecho, es que los migrantes centroamericanos también están huyendo por razones dramáticas "el cambio climático y la falta de inversión ha devastado zonas agrícolas centroamericanas, sin cosechas ni empleos formales, además de la pobreza y la violencia social que viven en sus países son disparadores de la migración masiva".

Finalmente, haitianos, africanos y asiáticos que entran por Colombia, se suman ahora en rutas por Panamá, Costa Rica hasta México hacia EEUU en una nueva presión migratoria interminable.

Las cifras de un incremento de 150 por ciento de los flujos ilegales de centroamericanos, confirma que el país "se ha convertido en un tapón para ayudar a EEUU a frenar la migración, antes que la construcción de un muro con el que amenaza Donald Trump", el candidato republicano a la Casa Blanca, dijo el expresidente del Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico de Personas (2011-2014).

Lea más: Trump reitera la promesa de levantar un muro en la frontera con México

Además de las elevadas cifras de centroamericanos detenidos y deportados por el gobierno de Enrique Peña "los datos oficiales que se presentan al Congreso refieren como novedad cantidades muy grandes de flujos migratorios de cubanos y haitianos", apunta el experto y académico en temas de migración y trata de personas.

Los cubanos pasaron de 1.800 en 2014 a 15.000 el año pasado, quienes están migrando a través de Brasil o Ecuador.

A partir del Plan de la Frontera Sur emprendido en 2013, el INM "ha duplicado el número de arrestos y deportaciones" y del balance anual "los migrantes esos países han sido detenidos y deportados, como los migrantes centroamericanos en los últimos quince años", explica el fundador y exdirector del Instituto de DDHH Ignacio Ellacuría, en la jesuita Universidad Iberoamericana (UIA).

La mano dura

En lo que va del gobierno de Peña han sido deportados alrededor de 500.000 migrantes, de ellos 300.000 han pasado por la estación migratoria de Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala.

Otra de las causas es la sequía en Centroamérica, que tiene diez años por el fenómeno de El Niño, y las Naciones Unidas consideran que de 3.,5 millones de personas están en riesgo de hambruna Centroamérica.

Esas cifras han sido presentadas por el director del INM, organismo de la secretaría de Gobernación (Interior) Ardelio Vargas, un funcionario que "tiene una larga trayectoria en materia de seguridad pública" conocido por su mano dura en el ejercicio del cargo, dice el experto.

Vargas fue "uno de los artífices de la represión de los campesinos del pueblo de Atenco que se opusieron a la construcción de un aeropuerto internacional en sus tierras" durante el gobierno de Peña como gobernador del Estado de México (2005-2011), que rodea la capital, recuerda Castro Soto.

El alto funcionario encargado de construir el llamado "tapón migratorio del Sur" fue director de seguridad en el Centro de Información y Seguridad Nacional (CISEN; inteligencia política) y participó en la secretaría de Seguridad Pública federal como Comisionado de la Policía Federal (2006-2012) "cuando se registraron los mayores atropellos de esa corporación", afirma el académico, doctorado en derechos humanos por la UIA.

El conocimiento de la región del encargado de la política migratoria también incluye "los años de mayor represión del gobierno de Puebla del gobernador Rafael Moreno (centroderecha) como secretario de Seguridad Pública, al inicio de su gestión (2011-2017).

Con su llegada al INM la misión encomendada por Peña fue "darle un enfoque de seguridad nacional a ese instituto, para frenar la migración centroamericana mediante métodos de coacción policial".

Un pedido de EEUU

El incremento de los arrestos y operaciones de persecución de ilegales en la frontera sur con Guatemala "ha respondido a las exigencias del gobierno de Barack Obama para frenar la migración desde la crisis de los menores no acompañados", cuyo número se multiplicó hasta más de 60.000 en 2014, saturando los albergues estadounidenses.

De 9.000 menores en 2013 se pasó a la detención de 40.000 el año pasado, el 38 por ciento de ellos menores de 11 años y el 48 por ciento de niños y adolescentes viajan solos.

Esas acciones resultaron en un escándalo internacional y las presiones de organismos defensores de los DDHH "dieron como resultado las acciones ejecutivas de Obama en favor de los migrantes", en el marco de su reforma migratoria de apertura.

Ahora, con el tema migratorio convertido en arma política del magnate republicano, presentada en lenguaje xenófobo "las elecciones presidenciales en EEUU y la efervescencia racista de Trump, el tema migratorio podría dar un giro todavía más radical en lo que se refiere a la represión de migrantes de cualquier nacionalidad en su paso por México en situación irregular como trampolín para cruzar la frontera".

 
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