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Prisiones privadas para indocumentados obtienen ganancias récord PDF Imprimir E-mail
Escrito por Carlos Gomez   
Lunes, 20 de Abril de 2015 20:49
PUBLICADO:  EST

Chicago (IL) — Las prisiones privadas que tienen contratos con Inmigración gastan millones de dólares en cabildeos con el Congreso para mantener una cuota de 34.000 indocumentados recluidos en todo momento, según un estudio reciente.

Grassroots Leadership investigó las condiciones en que son detenidos los inmigrantes en todo el país y concluyó que 9 de los 10 establecimientos usados por el Departamento de Seguridad Nacional son privados, y de ellos 8 son propiedad de dos corporaciones que han obtenido ganancias récord desde 2009.

Según el estudio, desde finales de 2007 la empresa GEO Group aumentó sus beneficios en 244%, mientras que Corrections Corporation of America (CCA) obtuvo 46% más de ganancias en el mismo período.

Estas dos empresas manejan el 62% de las camas disponibles para indocumentados en el sistema y con su potencial económico dedican millones de dólares al cabildeo para proteger su negocio, agrega.

En particular se destaca la existencia de una cuota diaria de detenidos, que en 2014 pasó a ser de 34.000 personas, y que según el estudio convierte a las prisiones privadas en “los principales beneficiarios de las políticas agresivas de detención” que practicaría Inmigración.

En los primeros cinco meses de 2015, el promedio diario de detenidos cayó a 26,000, desconociéndose si ello se debe a un cambio en la cuota.

El estudio estima en 159 dólares diarios el costo de un detenido en las prisiones privadas arrendadas por Inmigración, y que el promedio de detención era de 31 días.

Sin embargo, hasta fines de diciembre de 2012 se comprobaron excepciones, con casi 4.800 personas que pasaron por lo menos seis meses en custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), “y una docena con entre seis y ocho años de reclusión”, además del caso extremo de un individuo que estuvo detenido 17,3 años, agrega.

Grupos proinmigrantes de todo el país, como la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), han criticado y combatido la creciente influencia de las prisiones privadas.

“Esto es algo a lo que nos oponemos y deploramos”, declaró el director político de ICIRR, Fred Tsao, quien consideró que “nadie debería lucrar con el encarcelamiento de los indocumentados”.

Tsao estuvo al frente de los grupos que se opusieron en 2012 y 2013 a que la empresa CCA, basada en Tennessee, construyera cárceles en un área de 60 kilómetros alrededor de Chicago.

ICE argumentó entonces que no poseía un centro de detención en el área y debía rentar espacios en las cárceles de los condados vecinos.

Después que “los ciudadanos preocupados hicieron escuchar sus voces, educaron a sus vecinos y edificaron alianzas”, los esfuerzos cruzaron líneas étnicas y raciales y mostraron “una comunidad diversa y unida frente a un enemigo común”, expresó Tsao.

Sin embargo, los activistas continúan “muy preocupados” por la dependencia del Gobierno Federal en contratistas privados para manejar la reclusión de los inmigrantes.

El estudio de Grassroots Leadership sugiere la eliminación de la cuota de detenidos como “el primer paso hacia la eliminación de la privatización de las cárceles”.

Tsao mencionó además la necesidad de revisar el sistema usado para “detener gente que en su mayoría no es peligrosa y solamente espera que llegue su día en la corte”.

Entre las alternativas, ICIRR propone que los indocumentados sean sometidos a una “detención alternativa”, que les permita permanecer con sus familias e inclusive trabajar mientras esperan comparecer ante un juez de Inmigración, que en muchos casos puede demorar entre 4 y 5 años.

 
EEUU pierde millones por deportaciones en vuelos casi vacíos PDF Imprimir E-mail
Escrito por Carlos Gomez   
Lunes, 20 de Abril de 2015 20:47
PUBLICADO:  EST

ICE pudo haberle ahorrado hasta $41,1 millones al gobierno federal / Getty Images

Washington.- La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) ha desperdiciado millones de dólares al deportar a inmigrantes indocumentados en vuelos casi vacíos desde 2010, según una reciente auditoría.

El informe de la Oficina del Inspector General (OIG) evaluó de forma aleatoria un total de 7,455 vuelos de ICE Air entre octubre de 2010 y marzo de 2014, y determinó que ICE pudo haberle ahorrado hasta $41,1 millones al gobierno federal si hubiese mejorado la eficacia de su programa de vuelos.

Según la auditoría, ICE Air trasladó a sus países de origen a 930,435 indocumentados durante el período analizado, en el que gastó cerca de $598 millones para sus operaciones, de los cuales $464 millones fueron para costear vuelos fletados.

El análisis señaló que ICE Air gastó $116 millones en vuelos que llevaban asientos vacíos en un 20%, y cerca de 2,121 vuelos operaron por debajo del 80% de su capacidad.

En total, 711,945 indocumentados fueron trasladados a sus países de origen y los 218,490 restantes fueron distribuidos a otras oficinas de ICE por falta de camas o la situación particular de los detenidos.

ICE rechaza críticas

Consultada por este diario, la oficina de ICE dijo rechazó hoy las conclusiones del informe y las consideró injustas, tomando en cuenta que la auditoría se realizó mientras la agencia ponía en marcha un plan para una extensa consolidación precisamente para mejorar la eficiencia del programa de vuelos.

La agencia rechaza enérgicamente que el informe haya usado asientos vacíos para medir la eficiencia de los vuelos, principalmente porque el retrasar la deportación de individuos para poder llenar esos asientos provoca más gastos secundarios que pueden exceder el costo de esos asientos”, explicó ICE.

Según la agencia federal, el costo promedio para la detención de un solo indocumentado es de $122 al día, mientras que para las familias el costo promedio supera los $300 por día.

En base a esas cifras, la continua detención de un individuo hasta esperar a llenar los vuelos supondría un mayor gasto para el gobierno que el vuelo en sí, argumentó.

Otro factor tiene que ver que un dictamen del Tribunal Supremo, en el caso “Zadvydas v. Davis”, que restringe el tiempo de detención de un indocumentado bajo custodia de ICE y con órdenes de deportación.

No obstante, ICE sí aceptó las recomendaciones del informe y, según la agencia federal, ya ha comenzado a ponerlas en vigor.

“ICE Air ha logrado grandes avances para mejorar su manejo de personal, capacitación, integridad de los datos, y la gestión y modernización de sus sistemas”, puntualizó ICE.

  Vuelos para deportados

Con sede en Mesa (Arizona), la oficina ICE Air Operations está a cargo de la deportación de los indocumentados que, dependiendo de su estatus criminal, situación familiar y país de origen, son trasladados en vuelos fletados o vuelos comerciales.

ICE Air paga, en promedio, $8,419 por hora para cada vuelo fletado, sin importar cuántos pasajeros viajan a bordo, según el informe.

En general, ICE Air tiene cuatro contratos que proveen ocho aviones para vuelos rutinarios, cada uno con una capacidad máxima de 135 pasajeros.

También utiliza vuelos fletados para viajes menos frecuentes a Europa, África y Asia, y recurre a vuelos especiales para detenidos con ciertas condiciones médicas o para indocumentados “de alto perfil”.

 
Jueces escuchan pros y contras de los alivios migratorios PDF Imprimir E-mail
Escrito por Carlos Gomez   
Lunes, 20 de Abril de 2015 15:15

Cientos de inmigrantes acudieron a New Orleans para pedir la implementación de DACA y DAPA

Jueces escuchan pros y contras de los alivios migratorios

Washingon centenares de inmigrantes y activistas de todo EEUU, incluyendo indocumentados, protestaron hoy frente al tribunal del quinto circuito de apelaciones en Nueva Orleans (Luoisiana), donde tres jueces escucharon los argumentos orales a favor y contra de los alivios migratorios de la Administración Obama. 

La audiencia sólo tenía el objetivo de examinar la petición de emergencia del Departamento de Justicia para levantar el freno temporal de los alivios migratorios, que impuso el juez federal Andrew Hanen el pasado 16 de febrero, dos días antes de la puesta en marcha para la extensión del programa de “acción diferida” (DACA) para Dreamers.

El otro programa para adultos con hijos residentes legales o ciudadanos estadounidenses, conocido por las siglas en inglés “DAPA” que debía entrar en vigor el próximo 19 de mayo, también quedó en suspenso.

La otra solicitud ante este tribunal es para anular por completo el fallo de Hanen, pero ésa aún no tiene fecha de audiencia.

Capeando una llovizna y con megáfono en mano, los activistas gritaban consignas en inglés y español en defensa de las familias inmigrantes y portaban carteles y mantas con mensajes como “Sin papeles, sin miedo”, y “las familias inmigrantes merecen dignidad, no odio”.

Adentro del tribunal, unas 200 personas se apiñaron en la sala de audiencias, incluyendo decenas de inmigrantes que, enfundados en camisetas con mensajes proreforma, quisieron mostrar el “rostro humano” de la crisis migratoria en EEUU.

“Los jueces escucharon los argumentos de las dos partes, pero creo que nuestra presencia acá fue importante, para que los jueces vieran el poder de la gente que estaba afuera”, dijo en entrevista telefónica Fernando López, organizador del Congreso de Jornaleros de Nueva Orleans.

“Los alivios migratorios son un buen primer paso, pero no beneficiarán a los millones que se quedarán fuera de esa protección, por eso decimos que nuestra siguiente lucha debe ser la reforma migratoria”, explicó López.

Por su parte, Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), también presente en la audiencia, dijo a este diario que el mensaje a los jueces es que “esto no es un simple litigio sino que acá se está jugando el futuro de millones de personas que aportan a nuestro país y solo piden dignidad y respeto”.

La audiencia estuvo presidida por los jueces Stephen A. Higginson, Jennifer Elrod, y Jerry E. Smith –éstos dos últimos de línea conservadora- que hicieron duras preguntas, algunas muy hipotéticas, tanto al abogado del Departamento de Justicia como al que representa a los 26 estados que exigen la eliminación permanente de los alivios migratorios, según Hincapié.

Un portavoz del Departamento de Justicia dijo desde el anonimato que el gobierno de EEUU le pidió a los jueces que eliminen las trabas para la implementación del memorándum de noviembre de 2014, que estipula los alivios migratorios.

“Esa guía es una parte fundamental del esfuerzo integral del secretario (de Seguridad Nacional, Jeh Johnson), para realzar la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”.

El portavoz explicó a este diario que, a juicio de la Administración Obama, el juez federal en Brownsville (Texas), Andrew Hanen, no debió meterse en la disputa sobre la política de inmigración federal y cómo el gobierno utiliza sus recursos limitados solo porque unos estados se oponen a estas políticas.

En todo caso, agregó, este mismo tribunal, tratando otro litigio, se pronunció recientemente a favor de la “discreción procesal” del gobierno a la hora de decidir a quiénes deporta del país.

Caminos que conducen al Tribunal Supremo

Se desconoce cuándo se pronunciará el panel de tres jueces sobre la petición de emergencia, pero se prevé que podría ser en cuestión de días o semanas.

Tampoco se sabe qué tipo de fallo emitirán los jueces, tomando en cuenta que dos de ellos, Elrod y Smith, fueron asignados por presidentes republicanos y tienen un corte conservador.

Si el tribunal falla a favor de los 26 estados demandantes, los abogados del Departamento de Justicia podrán apelar el dictamen ante todos los 15 magistrados o, de ser necesario, hasta el Tribunal Supremo.

En general, los líderes republicanos y conservadores tachan los alivios migratorios como un abuso del poder del presidente Barack Obama, y muchos incluso repiten su conocida retórica a favor de la deportación de los indocumentados.

En el lado opuesto, activistas proinmigrantes destacaron las contribuciones económicas de los indocumentados: un análisis del Instituto sobre Política Tributaria y Económica señaló el jueves que unos 8,1 millones de trabajadores “sin papeles” pagaron más de $11,800 millones en impuestos locales y estatales en todo el país en 2012.

 
Plan para la prosperidad PDF Imprimir E-mail
Escrito por Carlos Gomez   
Lunes, 20 de Abril de 2015 14:50

Juan Alberto Fuentes Knight   

JUAN ALBERTO FUENTES KNIGHT

El Plan para la prosperidad im pulsado por los gobiernos de los Estados Unidos, Guatemala, El Salvador y Honduras adquirió mayor peso político con el apoyo que le dio el presidente Obama en la Cumbre de las Américas. El plan ha estado sujeto a críticas en Guatemala: no ha involucrado un verdadero proceso de consulta social, los únicos actores de sociedad civil que han tenido un papel determinante en la formulación del plan han sido los sectores empresariales, no incluye una identificación de la fuente de todos los recursos requeridos, abre posibles espacios para privilegios fiscales cuando plantea la existencia de zonas económicas especiales, y su atención en corredores logísticos y grandes obras de infraestructura es contrario a la prioridad que debiera dársele a la generación de empleo en las regiones pobres donde está concentrada la población migrante.

La identificación del destino de los recursos tiende a confirmar y reforzar las críticas. De los US$20 mil millones contemplados, casi la mitad (US$9 mil millones) se estaría destinando a corredores logísticos, energía, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Ello triplica lo asignado a la pequeña empresa, jóvenes, mujeres y agricultura vulnerable, y es superior a lo dedicado a desarrollo social. El apoyo financiero al sistema judicial brilla por su ausencia, hay mil millones para seguridad y se contemplan recursos para reformas del servicio civil, pero sin reconocer que sin reformas profundas de las leyes de servicio civil es imposible contar con un Estado que funcione y haga que este plan camine.

Además, la falta de visión de estadistas de los tres presidentes del Triángulo Norte evitó que este plan adquiriera una cobertura efectivamente centroamericana, para evitar darle recursos a Nicaragua y Costa Rica. Pero el aporte financiero de los Estados Unidos hubiera podido depender del número de migrantes a los Estados Unidos: aseguraría más recursos para los tres países del norte, pero sin excluir a los otros dos.

Sin embargo, la implementación del plan aún está pendiente y estará sujeta a cambios. Se implementará de manera diferente en un país como El Salvador, cuyo gobierno es de izquierda y poco dependiente del sector privado en contraste con Guatemala, donde un gobierno de derecha permite que el sector privado cogobierne y en la práctica formule e implemente el plan. También hay que tomar en cuenta que en los Estados Unidos el debate ha sido diferente al de Guatemala. Las corrientes más progresistas identificados con los demócratas favorecen el plan como una acción proactiva para enfrentar las causas de la migración de centroamericanos a los Estados Unidos, mientras que los sectores conservadores quisieran restringir la migración mediante mayores controles en las fronteras y la deportación de migrantes. Por consiguiente, será determinante la forma en que se asignen los primeros mil millones de los Estados Unidos a la ejecución del plan. Todavía hay mucha agua que debe pasar bajo el puente; a pesar de dudas válidas, de antemano no hay que descalificar totalmente al plan.

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Alivio Migratorio arrojaría $845 millones más en impuestos locales y estatales PDF Imprimir E-mail
Escrito por Carlos Gomez   
Viernes, 17 de Abril de 2015 15:57
Los 11,4 millones de inmigrantes irregulares pagaron en 2012 un total de $11,840 millones en impuestos
Los impuestos que pagan los indocumentados son otro motivo a favor de los Alivios Migratorios.
Foto: Archivo
PUBLICADO:  EST

La aplicación completa de las medidas ejecutivas del Gobierno de Barack Obama en 2012 y 2014 arrojaría un total de $845 millones más en impuestos locales y estatales al año, según las estimaciones del Instituto de Políticas Económicas y de Impuestos (ITEP, por su sigla en inglés).

Un nuevo estudio de esta organización no-gubernamental publicado hoy revela asimismo que dar residencia permanente, y por tanto cobertura para trabajar de manera legal, a los 11,4 millones de inmigrantes indocumentados que hay en el país incrementaría en $2,200 millones anuales la recaudación de impuestos local y estatal.

Según el ITEP, los 11,4 millones de inmigrantes irregulares pagaron en 2012 un total de $11,840 millones en impuestos locales y estatales.

“Los inmigrantes indocumentados pagan estos impuestos, por ejemplo cuando adquieren bienes y servicios o los impuestos a la propiedad de sus casas o indirectamente como arrendadores”, explica esta organización en su estudio.

En noviembre pasado, Obama anunció una serie de medidas migratorias que incluían laampliación del programa de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA), que ha evitado la deportación de más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños, y la Acción Diferida para la Responsabilidad de los Padres (DAPA).

La aplicación de este paquete de medidas ejecutivas, que rechaza frontalmente la oposición republicana, supondría la regularización temporal de más de 5 millones de inmigrantes indocumentados.

Estas medidas se encuentran en suspenso por orden de un juez federal de Texas tras una demanda de 26 estados, 24 de ellos gobernados por republicanos.

Delegaciones de inmigrantes y activistas de varias regiones del país viajan hoy a Nueva Orleans para abogar por el alivio migratorio del Gobierno, en la víspera de la audiencia que celebra mañana el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, ubicado en esta ciudad de Luisiana.

 
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