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Centroamérica: la política del desengaño y EEUU PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Lunes, 06 de Julio de 2015 21:50
Quizá quienes no recuerdan la historia con cinismo y la sensación de déjà vu, son quienes creen que un cambio radical y positivo en la región todavía es factible

Julie López

Foto: EFE

Las manifestaciones masivas contra la corrupción en Guatemala y Honduras invitan a creer que estos pueblos se cansaron de agachar la cabeza frente a años de abusos del Estado.

Lo mismo se creía de la etapa entre 1944 y 1954 en Guatemala, denominada los “Diez años de Primavera”, cuando un grupo de civiles y militares interrumpieron décadas de dictaturas militares. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, ni todo funcionó como reloj suizo. De esta época (1946-1948) datan los siniestros experimientos que el gobierno permitió, y que implicaron la inoculación de enfermos mentales, prostitutas e indigentes con enfermedades venéreas. Esto, a manos de una agencia de EE.UU. que años más adelante se convertiría en la Organización Panamericana de la Salud, y por lo que Hillary Clinton (cuando era Secretaria de Estado de EE.UU. en 2010) pediría disculpas públicas a Guatemala en nombre de su país.

De los “Diez años de Primavera” también data legislación que dio autonomía a las fuerzas armadas sobre el Ejecutivo, y que permitió parte de los desmanes que el Ejército guatemalteco cometió en las décadas siguientes, y que llevaron al conflicto armado interno.

Del poder militar absoluto surgió la estructura de corrupción que destapó en abril pasado la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que hoy se conoce como La Línea. Se trata de una red en diversos organismos del Estado que ofrecía servicios de evasión fiscal, y se embolsaba una parte del dinero que debía ingresar al fisco: un estimado semanal de $260 mil (en años recientes).

En 1954, el papel de EE.UU. fue significativo, como ahora—para bien o para mal. Hace hace 60 años, no convencía al gobierno estadounidense la reforma agraria en Guatemala (incluída la expropiación de grandes fincas a la United Fruit Company), entre otras medidas, ni los nexos con el Partido Internacional Comunista, y se decidió que el Presidente Jacobo Arbenz debía caer. El resto es historia: el golpe de Estado que la CIA orquestó y las secuelas de la Guerra Fría en Guatemala, con EE.UU. detrás de los militares y la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) atrás de la guerrilla.

Desde entonces, la dinámica cambió un poco. EE.UU. se ocupó de respaldar el proceso de paz en los 90s y la lucha contra el crimen organizado, principalmente en narcotráfico y tráfico ilegal de personas. Fue uno de los principales financistas de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) hace dos décadas, y ahora es protagónico en los esfuerzos de la CICIG.

Información extraoficial da cuenta de que la caída de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti se debe, en parte, a que EE.UU. recibió información comprometedora de una guatemalteca que se entregó en ese país en septiembre pasado, para enfrentar cargos por narcotráfico en una corte de Miami, y que (siendo amiga de Baldetti) conocía los pecadillos de la ex vicemandataria en corrupción y lavado de dinero: Marllory Chacón.

Los guatemaltecos masivamente exigían la renuncia de Baldetti, precipitada por la investigación de la CICIG y el Ministerio Público, y la presión política, nacional e internacional. Y, al contrario de 1954, los intereses populares ahora sí coinciden con aquellos de EE.UU.: reducir la corrupción en Guatemala, que interfiere con su habilidad para luchar contra el crimen organizado transnacional. Pero esta historia no acaba de escribirse.

Entre 1944 y 1954 Guatemala cometió errores que pagó caro después. En 1954, EE.UU. se equivocó al confiar en que los militares ejercerían un control democrático, que validara los intereses estadounidenses. Pero jamás esperó que, como resultado, un grupo de militares rechazara la intervención estadounidense y conformara los inicios del movimiento guerrillero. Ahora, EE.UU. intenta en vano que Guatemala y Honduras reduzcan la corrupción, que les ubica en el tercio de países considerados más corruptos, según Transparencia Internacional. Pero está arando en el mar. Eso fue evidente ante la crisis de menores de edad migrantes en 2014, en la frontera sur de EE.UU., y lo es ante las estadísticas de decomisos que reflejan que están de adorno las fuerzas de tarea (co-patrocinadas por EE.UU.) en las fronteras de Honduras-Guatemala y Guatemala-México para mermar el narcotráfico.

En Honduras, las manifestaciones multitudinarias también le han hecho saber a la clase política que el vaso de la paciencia popular ya rebalsó, después que se conoció el desfalco de al menos $120 millones al seguro social y que el partido oficial habría recibido dinero del seguro social para su campaña política.

Mientras todo esto ocurre, los países de la región mantienen una dependencia de ayuda externa de EE.UU., y esta dependencia implica la participación de EE.UU. (aún si es tras bambalinas) en asuntos locales, que pueden afectar interses estadounidenses en materia de seguridad.

Por ejemplo, se conoce que EE.UU. ya reactivó la base de Palmerola en Honduras (clave en la guerra de los Contras-Sandinistas en Nicaragua) ante la presencia de intereses rusos en Nicaragua. En Guatemala, bastó ver en conferencia de prensa cómo el presidente Otto Pérez Molina hablaba y veía de reojo al embajador de EE.UU. en Guatemala, Todd Robinson (en junio pasado), casi como preguntándole, “¿lo estoy haciendo bien?”. En la conferencia anunciaban la colaboración de EE.UU. con pruebas de polígrafo para elegir funcionarios para cargos de la Superintendencia de Administración Tributaria. El episodio recuerda demasiado al militar ungido para tomar el poder en Guatemala en 1954, el coronel Carlos Castillo Armas, cuando pronunció unas cuantas palabras en inglés quebrado, buscando con la mirada la aprobación de su co-patrocinador estadounidense en un acto público. Cuatro años después, Castillo Armas fue asesinado, y el país cayó en una serie de gobiernos militares corruptos, tan incompetentes como las administraciones civiles a partir de 1986.

Si en Centroamérica se vive una primavera, esta no es una garantía de cambios concretos. Más que manifestaciones populares y participación de la sociedad civil, se requiere esfuerzos sostenidos, consensuados y de largo plazo. Se creía logrado en Guatemala con los acuerdos de paz en 1996, pero no fue así. Existen iniciativas de reformas a las leyes actuales, para reducir la corrupción, pero existe un déficit de voluntad política en los poderes judicial, legislativo y ejecutivo. Con leyes muertas en papel, el país y la región están condenados a un desengaño perpetuo, a continuamente observar la misma película (con actores distintos) y esperar un final diferente. La memoria puede ser selectiva y engañosa.

De pronto, quienes no recuerdan la historia con el cinismo que a veces da el paso de los años, todavía esperan que un cambio radical y positivo en la región es factible. Para el resto, que necesita pero ya no cree en un alivio inmediato, queda poco. No es por nada que no se detiene la migración indocumentada hacia EE.UU. Para quienes no quieren o no pueden irse, queda hacer las veces del avestruz, o pasar el rato amargo del desengaño, y esperar. Esperar por la fórmula mágica de voluntad política, leyes coherentes y gobernantes honestos, así ello se asemeje a esperar que se partan las aguas de un imaginario Mar Rojo, y surja así una ruta de salvación.

 
Vuelca camioneta con migrantes en Oaxaca; hay dos 2 muertos PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Lunes, 06 de Julio de 2015 21:37

El fiscal Gonzalo Chávez Martínez informó que en el accidente, registrado en el Istmo de Tehuantepec, 11 personas resultaron lesionadas y sólo uno de ellos ha sido identificado


El fiscal para la atención especial a los migrantes en Ixtepec, Gonzalo Chávez Martínez, confirmó la muerte de dos personas, las cuales no han sido identificadas, además de que 11 personas más que resultados heridas durante un accidente en el Istmo de Tehuantepec.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas del domingo, cuando una camioneta Ford de 3 toneladas, color negra, con placas de tránsito RW 32369, de Cintalapa, Chiapas, se volcó al parecer por exceso de velocidad con que conducía el chofer.

El informe preliminar del funcionario señala que en la camioneta viajaban unos 10 migrantes, los cuales fueron auxiliados por personal de la Fiscalía y del Grupo Beta.

El Fiscal informó que ocho de los heridos fueron trasladados al hospital de Tapanatepec, 1 al hospital de Ixtepec y 2 más al hospital de Juchitán por la gravedad de sus lesiones.

Hasta esta mañana sólo ha sido identificado uno de los heridos hospitalizado en Ixtepec, que responde al nombre de Favio Heriberto Celaya Funes, de 30 años, de nacionalidad hondureña.

Asimismo, indicó que los cadáveres permanecen en calidad de desconocidos.

tpc

 
"México es el verdadero gran muro contra migrantes" PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Miércoles, 24 de Junio de 2015 20:04

México, muy indignado con comentarios de Donald Trump, es el verdadero gran muro contra migrantes, afirma artículo del Washington Post

Foto: EFE

Sin Embargo

PUBLICADO:  EST

Ciudad de México, 22 de junio.– Los líderes mexicanos fueron rápidos en condenar las declaraciones de Donald Trump, después de que se comprometiera a construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos si es elegido Presidente, sin embargo, “un vistazo a las últimas estadísticas de deportación del gobierno mexicano muestran que el país ha levantado una barrera formidable, junto a una represión masiva contra los migrantes centroamericanos”, publica este día The Washington Post.

En un artículo que firma su corresponsal en América Latina, Nick Miroff, el diario norteamericano menciona que entre octubre de 2014 y abril de 2015, las autoridades mexicanas han detenido a 92 mil 889 centroamericanos, frente a 49 mil 893 en el mismo período del año anterior.

“Las capturas totales de México superaron a los 70 mil 226 migrantes atrapados por agentes fronterizos de Estados Unidos durante los últimos seis meses que fueron clasificados con una nacionalidad ‘distinta a la mexicana', la mayoría de los cuales son de Guatemala, El Salvador y Honduras”, escribe Miroff.

Trump dijo el pasado 16 de junio al lanzar su campaña para ser candidato republicano a la presidencia: ”México manda a su gente, pero no manda lo mejor. Está enviando a gente con un montón de problemas […]. Están trayendo drogas, el crimen, a los violadores. Asumo que hay algunos que son buenos”.

El magnate norteamericano además aseguró que si llega a la Casa Blanca construirá un “gran, gran muro” en la frontera sur, “y haré que México lo pague”, agregó, y señaló que como magnate inmobiliario, nadie levanta “mejores muros” que los suyos y los construye “muy baratos”.

En respuesta, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, consideró que el magnate “busca más generar una nota que un proyecto”. En tanto, el Canciller mexicano, José Antonio Meade dijo que los dichos de Trump reflejan “prejuicios” sobre la situación social del país, así como una “profunda ignorancia”.
Este día The Washington Post refiere que el número de detenciones en México reportadas en el presente año representan una barrera contra la migración además de “marcar un gran cambio en comparación con el mismo período en el año anterior cuando los agentes estadounidenses se vieron desbordados por una repentina afluencia de niños centroamericanos y Estados Unidos aprehendiendo a 159 000 103".
El medio dice que el número de migrantes detenidos y registrados como “menores no acompañados” se redujo en un 51 por ciento, aproximadamente lo mismo que el número de “unidades familiares” atrapadas cuando cruzaban ilegalmente.
Este día, el Instituto Nacional de Migración (INM) indicó en un comunicado que las autoridades mexicanas interceptaron a 11 mil 893 menores indocumentados procedentes de Centroamérica entre enero a mayo pasado cuando viajaban por el país con rumbo a Estados Unidos, un 49 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.
Los niños eran trasladados por rutas irregulares, “exponiéndolos a trabajos forzados, violaciones, pornografía infantil, abusos, maltrato físico y verbal, entre otras condiciones de riesgo”, apuntó el organismo.
Una gran razón para la disminución es el ‘Plan Frontera Sur' de México, el cual ha asignado 5 mil agentes de la Policía Federal para interceptar migrantes que viajan hacia el norte en los controles de carretera y en las rutas de ferrocarril”, dice el Post.
Precisa que este programa es una respuesta tanto a la presión de Estados Unidos como a los grupos de derechos humanos, “así como a un público mexicano horrorizado por años de abusos desenfrenados contra los migrantes centroamericanos”.
“Los funcionarios de ambos países dicen que están protegiéndolos de las bandas criminales y una caminata peligrosa a través del desierto […]. Pero el entusiasmo recién descubierto de los autoridades de México está aumentando los temores de que los migrantes detenidos sean a regresados a Centroamérica con poca preocupación de las amenazas que pueden enfrentar allá”, dice The Washington Post.
Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), dijo al medio norteamericano que ”no todos los migrantes califican para la protección internacional, pero el gobierno mexicano tiene que asegurarse de que revisará la situación de todos los migrantes de manera que aquellos que califiquen no sean devueltos a la violencia de la que huyen”.

AGRESIONES A MIGRANTES

WOLA, un Think Tank estadounidense, dijo a principios de este mes que activistas y organizaciones que defienden los derechos humanos han mencionado que los migrantes en su paso por México son víctimas del uso uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, así como de trata, secuestros y violaciones sexuales que en la mayoría de los casos quedan impunes.

“Muchos albergues de migrantes nos han informado sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades que participan en redadas en los trenes y en las comunidades. Asimismo, abogados migratorios han observado múltiples violaciones en el debido proceso legal para los solicitantes de asilo en México, y pocos migrantes tienen la oportunidad de contar sus historias a las autoridades contundentes antes de ser deportados”, refirió.

En este sentido The Washington Post refiere que el tráfico de personas y la “pago de cuotas” por parte de extorsionadores a lo largo de la frontera se han convertido en un lucrativo negocio para las mafias criminales que luchan contra el gobierno de México, dando a los líderes del país un incentivo adicional.

Dice que tampoco ha finalizado la represión violenta contra los migrantes. “A principios de este mes, la policía mexicana encontró tres cadáveres en vehículos quemados en un rancho al sur de la frontera de Arizona, donde estaban detenidos más de una docena de inmigrantes fueron detenidos a punta de pistola”.

También este lunes, la cadena de noticas británica BBC publica un reporte en el que menciona cómo “los secuestros [de migrantes] son comunes en México con pandillas que a menudo los plagian y obligarlos a unirse a sus filas”.

La cadena dice que decenas de miles de migrantes viajan a través de México en su camino a los EU cada año, y “muchos son reclutados a la fuerza en las pandillas. Otros se mantienen hasta que sus familias a pagar por su liberación”.

La BBC da cuenta de un ataque ocurrido este sábado por sujetos armados que se hicieron pasar por miembros de las fuerzas de seguridad y que abordaron un autobús cerca de la ciudad de Ocotlán, en el estado sureño de Oaxaca.

Los inmigrantes dijeron que sus captores les robaron sus pertenencias y atacaron al menos a una mujer. De acuerdo con los migrantes, después de cerca de seis horas da agresiones muchos huyeron a las colinas circundantes.

Este hecho se suma al ocurrido a principios de mes en Sonora cuando dos sujetos armados vestidos con uniforme militar agredieron a alrededor de 100 migrantes.

Trece sobrevivientes explicaron en entrevistas con representantes de organizaciones civiles que el pasado 2 de junio varias mujeres y por lo menos dos niños se trasladaban en cinco vehículos hasta la frontera y después de varias horas de viaje, uno de los vehículos se descompuso y el grupo paró para descansar.

Detallaron que en ese momento apareció un sujeto armado que encañonó a varios y les ordenó tirarse al suelo para luego abrir fuego de manera indiscriminada contra todos.

De acuerdo con los testimonios, el incidente provocó que muchas personas empezaran a correr y a dispersarse. Algunos sobrevivientes relataron que vieron a varios de sus compañeros de viaje caer al suelo por las balas, pero por su huida no lograron ver de cuantas personas se trataba.

Algunos reconocieron a un segundo hombre armado que disparó contra ellos, y coincidieron que los agresores venían vestidos con botas de militar, camuflaje y una carrillera de armas cruzando su cuerpo. Otros refirieron que también traían una gorra verde tipo militar en la cabeza.

Días después, hombres con pistolas, escopetas y machetes atacaron a un grupo de unos cien inmigrantes centroamericanos que viajaban en un tren de mercancías cerca de la localidad de Las Choapas, en el sur del país.

Al respecto, Amnistía Internacional (AI) pidió a las autoridades de México que investiguen el “escandaloso aumento” de los ataques contra inmigrantes indocumentados por parte de bandas organizadas.

Según AI, cerca de 220 inmigrantes que se dirigían hacia la frontera con Estados Unidos, entre ellos diversos menores, fueron atacados por grupos armados en dos incidentes separados en las últimas semanas que dejaron “diversos muertos”, si bien la cifra está todavía por determinar.

México se ha convertido en una trampa mortal para los inmigrantes, en la que bandas criminales acechan en cada esquina para tratar de atacarles por unos cuantos dólares”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de la organización.

 
Fijarán fianzas "razonables" para madres indocumentadas PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Miércoles, 24 de Junio de 2015 19:56
DHS anuncia nuevas reformas para reducir el tiempo que permanecen en los centros de detención
Se estima que hay unas mil mujeres y sus hijos detenidos en los centros de detención de ICE en el sur de Texas.
Foto: Archivo
PUBLICADO:  EST

El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, anunció este miércoles una reforma para reducir el tiempo que familias indocumentadas permanecen en los centros de detención al acelerar el proceso de peticiones de asilo y ofrecer libertad bajo fianza “razonable y realista” a quienes sustenten el miedo creíble de persecución en sus países.

La fianza para que las familias puedan salir del centro de detención, dijo Johnson, “tomará en cuenta la capacidad de pago, el riesgo de huída y la seguridad pública”.

Se estima que en los dos centros de detención familiares del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) hay unas 1,000 mujeres con sus niños, la mayoría de ellos en Texas.

Como parte del nuevo plan, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) deberá realizar las entrevistas para determinar el miedo creíble en un plazo razonable.

“La detención de familias será, en la mayoría de los casos, por corto tiempo”, afirmó Johnson en un comunicado emitido en Washington.

Durante ese tiempo, ICE confirmará la dirección exacta y la información del patrocinador de la fianza para monitorear de forma efectiva al inmigrante y asegurar que se presenten en corte.

“El uso continuado de los centros residenciales de la familia permitirá la pronta remoción de los individuos que no han podido sustentar su caso de asilo bajo nuestras leyes”, dijo.

Estas reformas suponen un giro en la política del secretario, que hace justo un año defendía la detención de familias como uno de los pasos clave para frenar la oleada de menores no acompañados y familias procedentes de Centroamérica del verano pasado.

Los centros de detención para familias indocumentadas han sido blanco de críticas y protestas de activistas y legisladores por las condiciones en las que viven los indocumentados en estas instalaciones. También se han llevado a cabo en estos varias huelgas de hambre por parte de las madres detenidas durante largos períodos -algunas de ellas por más de ocho meses-  pidiendo su liberación y las de sus hijos.

Muchas de estas madres se han quejado de que no han podido salir debido a las fianzas inalcansables que les han fijado los jueces de inmigración, que van desde los $7,000 hasta los $20,000.

Grupos proinmigrantes, de derechos civiles e incluso legisladores de su propio partido, habían estado presionando al presidente Barack Obama y a su administración por el cierre de estas instalaciones.

La Unión Americana de Libertades Civiles también está demandando a la administración de  Obama para ponerle fin a la detención familiar. A principios de este año un juez federal en Washington falló a su favor y le ordenó a la administración que dejara de detener a la mayoría de las mujeres y los niños que eran sorprendidos cruzando la frontera ilegalmente, sin importar si habían o no solicitado asilo en  Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional comenzó este mes a evaluar los casos de las familias detenidas durante más de 90 días para determinar si sigue siendo apropiada su permanencia en el centro mientras su caso continúa por resolver. La prioridad en esta evaluación se ha dado a las familias que acumulan más tiempo en estos centros.

Johnson indicó haber tomado esta decisión tras visitar varias de estas instalaciones, la última el pasado lunes en Karnes City (Texas).

“Hablé con docenas de madres centroamericanas en esa instalación que vinieron a este país ilegalmente en busca de una mejor vida para ellas y para sus hijos”, señaló Johnson.

Tras esa visita, afirmó,  “he llegado a la conclusión de que debemos hacer cambios sustanciales en nuestras prácticas de detención con respecto a las familias con hijos”.

“En resumen, una vez que una familia es elegible para el asilo u otro alivio bajo nuestras leyes, la detención de largo plazo supone un uso ineficiente de nuestros recursos y debe cesar“, añadió.

“Nuestro mayor deseo es que las familias en Centroamérica escuchen nuestras continuas llamadas a encontrar una vía legal para la inmigración de los niños a Estados Unidos”, dijo el secretario.

En este sentido, recordó el programa para refugiados establecido el año pasado en Guatemala, El Salvador y Honduras para los hijos de los inmigrantes en situación regular en EEUU.

“Seguimos animando a las familias a que aprovechen ese programa. Yo, personalmente, he visto suficiente como para saber que el camino de la inmigración ilegal desde Centroamérica por nuestra frontera sur es un camino peligroso y no es para niños”, añadió.

 
Inmigrantes mutilados en "La Bestia" insisten en dialogar con Obama sobre soluciones PDF Imprimir E-mail
Escrito por Claudia Carias   
Miércoles, 24 de Junio de 2015 19:53

Entregaron una carta para el presidente en la que subrayan la necesidad de ayudar a mejorar las oportunidades en Centroamérica para que la gente no sienta necesidad de emigrar
La caravana de estos migrantes salió de Honduras el pasado 25 de febrero
Foto: EFE

Univision

PUBLICADO:  EST

Ha sido un largo trayecto pero al final lo consiguieron. Pero no es suficiente. Después de haber llegado a Washington la semana pasada, ahora quieren que su mensaje llegue al más alto lugar de la política. Por eso, el grupo de inmigrantes indocumentados hondureños que quedaron mutilados durante su viaje a EEUU a bordo del tren de mercancías conocido como “La Bestia” y que marcharon hasta Washington solicitó  una reunión con el presidente estadounidense, Barack Obama, para hablar sobre posibles “soluciones” al drama de muchos de sus compatriotas.

Los ocho hombres hondureños discapacitados han recorrido todo el país para llegar a Washington con la esperanza de hablar con Obama.

“Después de miles de kilómetros para llegar aquí a Washington durmiendo en cartones, cruzando ríos en balsa, después de un mes y medio de estar presos, ser tratados como criminales ahí adentro, por fin estamos acá, confiando en lograr nuestro propósito de ver al presidente Barack Obama”, dijo José Luis Hernández, de 29 años.

“Pensando en esos miles de jóvenes que en este momento están pensando migrar, todo lo que queremos es que esa tierra prometida que buscamos en este país (EEUU) esté en nuestro propio país, sin necesidad de arriesgar nuestra vida en nuestro intento por llegar aquí”, añadió Hernández durante un acto frente a la Casa Blanca.

Los inmigrantes hondureños dieron la “vuelta a toda la Casa Blanca” tratando de que algún empleado les dejara entregar una carta dirigida a Obama, y finalmente pudieron dársela a un funcionario, explicó Hernández.

Una carta para el presidente

La carta pide a Obama una reunión para poder compartir sus “testimonios” y subrayar la necesidad de ayudar a su país, Honduras, a mejorar las oportunidadespara que los hondureños no sientan la necesidad de arriesgar sus vidas emigrando a Estados Unidos.

“Algunas cosas son imposibles, por ejemplo, que las piernas o brazos de mis compañeros vuelvan a crecer. Pero prevenir más mutilaciones, más muertes, más desapariciones, y más violencia sexual, eso es posible”, reza la carta, según la Asociación de Migrantes Discapacitados y Regresados (Amiredis).

“No estamos aquí para asignar culpas, estamos aquí para encontrar soluciones”, añade la misiva.

La larga travesía

La caravana de estos migrantes salió de Honduras el pasado 25 de febrero, tardó un mes en atravesar México y, al llegar a Estados Unidos, las autoridades migratorias les interceptaron y llevaron al centro de detención del sur de Texas en la localidad de Pearsall, cerca de San Antonio.

Después de 45 días en los que estuvieron “encadenados y humillados”, según la carta, consiguieron salir del centro gracias a una asociación y prosiguieron su viaje a la Casa Blanca.

De los 17 que integraban al principio la caravana, a Washington llegaron ocho, muchos de los cuales son padres de familia que emprendieron el viaje para exigir oportunidades para sus hijos y evitar que un día tengan que saltar a “La Bestia”.

“Queremos cambiar la mente del pueblo hondureño, queremos que haya más trabajo en nuestro país para que los jóvenes no migren”, afirmó Benito Murillo, de 44 años y con cuatro hijos.

“Si van a migrar, que tengan en cuenta todos los peligros que hay en el camino, el riesgo. No quiero que les vaya a pasar lo que me pasó a mí, porque estar con una discapacidad, es bien terrible vivir así”, agregó.

Murillo decidió emigrar a EEUU en 2005 y perdió el brazo y la pierna izquierdos al lanzarse hacia uno de los vagones del tren de “La Bestia” que pasaba por Chiapas (México).

 
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